Compleja situación, especialmente en Bariloche y Viedma

INFORME TOMAS

La realidad en las 14 tomas de Bariloche es compleja y dispar. Relevamientos parciales hablan de que viven en ellas al menos 4000 personas, muchas en tierras privadas. La ocupación de terrenos con riesgo de derrumbe y la de costa de arroyos o lagos, mallines o reservas forestales preocupan. Pero, donde sea, las duras condiciones del invierno cordillerano convierten a las tomas en una gravísima problemática.

En el este de la ciudad, la toma “Mocciola” -por el dueño de las tierras- tiene bastante más que las 200 familias que se dejaron censar y muchos lotes ocupados “en reserva”. Estiman que más de 740 personas viven allí con enganches clandestinos de alto riesgo. Enfrente, la toma municipal del este fue una reserva fiscal, pero se regulariza, con agua de canillas públicas y electricidad a través de tableros comunitarios.

Varios espacios verdes desaparecieron por ocupaciones ilegales. Hace décadas, la toma Matadero terminó con una plazoleta. Luego, la toma Valle Gas generó conflictividad con los vecinos. La toma chica del barrio El Maitén ocupó la reserva forestal del área. En el oeste, un mallín está en la Don Bosco, en el km 20 de Bustillo.

En la costa del lago está la toma INTA, una de las más viejas y volátiles, con alta conflictividad. Es área de atenuación del lago. La línea de ribera impide reconocer la ocupación de Trampa del Ñireco. Hay órdenes municipales y del STJ y conflicto con los vecinos.

Entre las de mayor riesgo geológico están la nueva sobre el viejo San Cayetanito, que bordea el Ñireco; las tres sobre la cantera municipal; los tres en Barrio Vivero sobre la barda con riesgo de derrumbe -incluso hay familias en el espacio verde junto a los manantiales que proveen de agua a la ciudad. Mucho más al oeste, la Villa Jamaica, afectó la provisión de agua a los barrios vecinos.

En Viedma: Hay cinco tomas: 30 de Marzo Bis, Santa Clara-Sucesión Napp-Somoza, Progreso, Barrio Unión y otra en el balneario El Cóndor. No hay relevamiento oficial sobre la cantidad de gente que vive en ellas. Un recorrido de este diario arrojó que unas 400 personas viven en los cinco sectores, algunos toman luz del alumbrado público y otros de casas linderas. En el 30 de Marzo Bis, algunos se alumbran con velas. Tiempo atrás una familia se salvó de milagro. Para el suministro de agua, se ven mangueras que provienen de casas linderas. La mayoría posee letrina, en general de cuatro palos de cantonera y nailon.

En Roca, más de 3.000 personas viven en tomas: A pesar de la creación del Banco de Tierras y de los intentos por combatir la consolidación de asentamientos. El mayor es el del Aeroclub, con un proceso judicial en marcha. También se judicializó la de Villa Obrera, donde un referente fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso.

Sobreviven las tomas de las 250 viviendas y la de barrio Nuevo, en el norte de ciudad, pura barda árida y sin servicios formales. Las carencias y dificultades para llevar una vida normal son comunes a todas las tomas de la ciudad.

Alto Valle Este: No se han registrado tomas en los últimos años, la más reciente data de hace cinco años en Mainqué, donde 30 familias se asentaron en una chacra improductiva que fue adquirida por el municipio. Actualmente los pobladores de este barrio denominado La Esperanza, cuentan con electricidad de un medidor único dispuesto por el municipio.

En Cinco Saltos: Cuatro tomas se han consolidado: La Salina, El Bosquecito, Obreros Unidos y Marleta. En El Bosquecito, 27 familias viven frente al canal grande, en tierras del DPA, enganchados a la electricidad y el agua. Otras 75 familias ocupan La Salina, la exchacra de Indupa. Obreros Unidos está más cerca del centro y la mayoría de las casas son de material, aunque los servicios los reciben enganchados en la red. Cinco familias fueron llevadas a juicio por la usurpación. Hay unas 30 viviendas. En la toma Marleta, La Esperanza o Progreso viven 32 familias, en el norte, entre el barrio Perón y los últimos barrios de la ciudad. No tienen servicios.

En Las Grutas y SAO: Dos tomas hay en el balneario, con una diferencia de 6 años. En 2008, unas 17 familias tomaron 12 casas y otras 2 instalaciones del ex Centro Minero “Los Álamos”. Recuperaron materiales, reconstruyeron las viviendas. Varias fueron divididas para albergar más gente. Hoy se mantiene el número de ocupantes, aunque unos se fueron y llegaron otros.

Otra surgió en un predio fiscal de más de una hectárea en el barrio Pehumayén, cerca del Acceso Norte. El municipio hizo una denuncia y Desarrollo Social un relevamiento. Pero, pese a que el intendente Javier Iud cerró todo diálogo con los “ocupas”, la demora del trámite judicial dejó todo en veremos. “Son tres o cuatro familias las que viven ahí en el invierno. Pero en plena temporada se llena de gente. Incluso, algunos alquilan espacios para que acampen los que están de vacaciones. Para la policía es imposible vigilar a los que van y vienen, y esto lo aprovechan los que vienen a robar durante el verano. “Nadie los controla” expresó una vecina.

En San Antonio existe una única toma en Puerto Lobos, cerca del camino a la planta de Alpat.

En Sierra Grande: La toma fue de edificios de departamentos de mineros que, cuando cerró Hipasam, quedaron abandonados 20 años. Estaban sin servicios, destruidos, hasta que el gobierno rionegrino anunció que los repararía para venderlos. Ese mismo día, unas veinte familias usurparon los 48 departamentos del módulo C2. Hicieron una fogata, izaron una bandera Argentina, recayó sobre ellos una denuncia por usurpación pero de allí no se movieron.

Ahora los habitantes de “Villa Esperanza” podrán instalar servicios y comprar esos inmuebles por convenio con la Provincia. “No somos delincuentes, somos vecinos sin casa” dice María Ortiz, ocupante de la primera hora.

En Catriel: En el barrio Preiss, Manzana 633, cuentan que una familia llegada de Mendoza comenzó la ocupación y vendía luego los terrenos. Intervino el municipio, pero la gente no se va. Están colgados de la energía del alumbrado público, el agua la sacan de perforaciones. En Toma Barrio Santa Cruz el 80% de los moradores logró las tierras por un certificado municipal de la gestión Iémolo, pese a estar dentro de la línea de ribera. A pedido del actual gobierno, el DPA corrió la línea.