Complicación legal para el gobierno  

Un inusitado giro está dando la querella presentada por el gobierno contra el ex titular del PAMI Víctor Alderete. Ayer la defensa dijo que pedirá a la justicia que la anule argumentando que la Oficina Anticorrupción que hizo la presentación no tiene atribuciones para hacerlo.

El fiscal federal Eduardo Freiler pidió ayer a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley de creación de la Oficina Anticorrupción y que se considere ilegítima la intervención de su titular, José Massoni, en actos procesales reservados a los fiscales.

En un escrito presentado al juez federal Gabriel Cavallo, Freiler advirtió que la Oficina ha asumido funciones que constituyen una «suerte de control» del el Poder Ejecutivo al Judicial, por lo que afecta la independencia que la Constitución Nacional confiere a cada uno de los tres poderes del Estado.

«….la introducción de este organismo con facultades de acceder al conocimiento de causas judiciales y hasta de arrogarse el ejercicio de la acción pública en determinados procesos» es «un abierto embate contra el espíritu constitucional», razonó Freiler, que aclaró que comparte «el loable fin» de lucha contra la corrupción.

La cuestión planteada por el fiscal, que contaría con la adhesión de no pocos especialistas en derecho, será dirimida por la Cámara Federal porteña en caso de que el juez Cavallo desestime lo requerido por Freiler, quien entonces apelará al tribunal de alzada.

No obstante, de coincidir Cavallo con Freiler podrían caer las causas que se abrieron con las denuncias de la Oficina contra Alderete y la ex secretaria de la Función Pública Claudia Bello.

Sin embargo, Cavallo no sólo aceptó tiempo atrás una denuncia de la Oficina Anticorrupción, sino que también exaltó la rapidez con que actuó esa dependencia cuando le informó sobre el traslado de noventa y pico de cajas que presuntamente corresponderían al PAMI desde la sede central del instituto a un departamento particular en Morón.

Los defensores de Alderete cuestionaron a Cavallo de admitir a esa oficina como parte querellante en el expediente que contiene una investigación por presunto fraude en la compra de audífonos.

La norma cuestionada por Freiler otorga a la Oficina Anticorrupcion facultades para la «lucha contra la corrupción en el sector público nacional… en forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas». Pero sucede que la Oficina Anticorrupción forma parte del Poder Ejecutivo, mientras que la Fiscalía de Investigaciones está enmarcada en las normas que reglamentan el Ministerio Público, al cual la Constitución reformada define como un «órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera».