Con dos años de atraso, cancelan una deuda telefónica

NEUQUEN (AN).- El ministerio de Seguridad recurrió a la firma de un decreto del Ejecutivo para cancelar una deuda superior a 100.000 pesos por consumo telefónico que mantenía con la empresa Telefónica de Argentina S.A, contraída dos años atrás por subsecretarías que pasaron a depender de la cartera comandada por Luis Manganaro.

A través del decreto 2.865, firmado el 7 de diciembre pasado por el vicegobernador Federico Brollo y el ministro Manganaro, el gobierno abonó 108.514,56 pesos a la empresa por consumo telefónico impago.

La deuda se originó en el transcurso del 2003 cuando la actual diputada nacional por el MPN Alicia Comelli conducía la subsecretaría de Seguridad Ciudadana, que también tenía su cargo el área de Trabajo. Esta última dependía en ese momento de Ernesto Seguel.

El decreto no especifica los motivos por los cuales las obligaciones no fueron abonadas en término y tampoco precisa la cantidad de facturas canceladas. Sólo señala que corresponden al 2003.

Comelli y Seguel coincidieron en diálogo con «Río Negro» en que «este tema lo manejaba la dirección General de Administración» y afirmaron «no conocer» los detalles de la deuda. Y desde la dirección General de Administración del ministerio se negaron a brindar información sobre el tema.

El argumento esgrimido para cancelar los compromisos fue «el riesgo de producirse corte de servicios y la imposibilidad de requerir nuevas líneas, que son imprescindibles para distintos sectores dependientes del ministerio de Seguridad y Trabajo». Así lo explica el texto de la norma publicada en el Boletín Oficial del pasado 30 de diciembre.

A fines del 2003 cuando el gobernador reasumió en su cargo creó el ministerio de Seguridad y Trabajo y designó como titular a Manganaro, tanto la subsecretaría de Trabajo como de Seguridad Ciudadana quedaron bajo la órbita de esta cartera.

En el primer artículo del decreto se reconoció «el legítimo abono de la deuda contraída con la empresa Telefónica Argentina S.A por servicios prestados durante el 2003, originada por las subsecretarías de Trabajo y Seguridad Ciudadana, pendiente de trámite de cancelación e impagas por la gestión anterior, la que asciende a la suma de 108.514,56 pesos».

Se señaló que «luego de un análisis realizado desde la dirección de Administración se ha verificado que existe dicha deuda, encontrándose las facturas en la dirección de Ejecución Presupuestaria, por servicios prestados durante el año próximo pasado sin trámite de cancelación e impagas por la gestión anterior».

El artículo segundo autorizó a la «dirección de Administración dependiente de la dirección de Gestión Económica y Financiera del ministerio, a cancelar las obligaciones de forma inmediata y urgente». Y el tercer artículo, estableció que las partidas para el pago salieran de la conducción superior de la subsecretaria de Seguridad (61.597,63 pesos) y de la conducción superior de la subsecretaría de Trabajo (46.916,93 pesos).