Con la ley del talión



Lejos de recurrir a las herramientas con las que se debe manejar un Estado moderno, el gobierno parece utilizar la vieja ley del talión del “ojo por ojo” para salir a manifestar enojo por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a los jubilados.

El mensaje a toda la corporación judicial es la amenaza con empezar a cobrar el impuesto a las Ganancias, una medida que -de acuerdo a los sondeos que maneja la Rosada- “la sociedad visualiza como un privilegio injusto”.

La actual minicrisis entre el gobierno y la Justicia se inició el lunes pasado cuando el máximo tribunal ordenó, en un fallo que sienta un fuerte precedente, recomponer en un 90% el ingreso de un jubilado en base a los índices de salarios a nivel general, “para dar seguridad jurídica a la clase pasiva frente a los aumentos del Ejecutivo que consideró insuficientes”. La medida tomó por sorpresa al gobierno nacional, abocado por estas horas a brindarle la mayor seguridad posible a la futura gestión de Cristina Kirchner.

La actualización de los haberes de los 700.000 jubilados a los que alcanzaría el fallo, significará para la caja de los K una erogación extra de 8.000 millones de pesos. De allí el profundo malestar con la Justicia que reflejan las principales espadas mediáticas del kirchnerismo: Pichetto y Alberto Fernández.

Y esa irritación se tradujo automáticamente en una réplica que ahora pone a la defensiva a los jueces: contribuir con el pago de un impuesto que alcanza a todos los ciudadanos, pero que a ellos los exceptúa.


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