Concejales quieren tratar el tema con Farizano

NEUQUÉN (AN) – Ocho concejales le enviaron una nota al intendente Martín Farizano pidiéndole una audiencia para abordar la problemática registrada en la toma Confluencia.

En tanto, extraoficialmente se supo que Juan Lillo, que junto a otro joven fue detenido cuando intentaba llevarse unos postes de un predio y recibió un duro castigo, según sus familiares de parte de los efectivos policiales, continuaba ayer internado en el hospital Castro Rendón, aunque reponiéndose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

Lillo sufrió la fractura de dos costillas y la perforación de un pulmón, por lo que debió ser operado de urgencia.

La mayoría de los concejales de la ciudad solicitó ayer una audiencia urgente al intendente Farizano, a los efectos de que explique cuál es la política habitacional que adoptará la comuna. El pedido fue firmado por los ediles del bloque del MPN, pero también por Darío Martínez del PJ y por Marcelo Bermúdez de Recrear.

La cita fue planteada para el próximo lunes en la sede del Deliberante aunque aún deberá ser aceptada o no por el jefe comunal.

Los violentos incidentes ocurridos en la toma del barrio Confluencia repercutieron en otros ámbitos. En la Legislatura fue presentado un pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Trabajo y Justicia, César Pérez, para que informe sobre el accionar policial en las refriegas con los usurpadores y vecinos y desde el Concejo Deliberante. Anoche el oficialismo lo pasó a comisión (ver página 13).

Las diputadas de Alternativa Neuquina Paula Sánchez y Soledad Martínez presentaron el proyecto de resolución pidiendo que se convoque al ministro para que sea interpelado, por los incidentes ocurridos el 13, 14 y 20 de este mes. Sánchez dijo que la «situación de crisis habitacional que se vive en toda la provincia con alrededor del 30 por ciento de la población sin el acceso a una vivienda. La Policía reprimió durante 20 horas a vecinos de la toma, haciendo uso desmedido de la fuerza pública y violando todas las normas de procedimientos constitucionales. Hasta el momento Pérez no dio ninguna explicación que justifique el virulento, y fuera del marco legal, accionar policial».

Al respecto Sánchez destacó que los hechos «son mucho más que preocupantes, porque -además de las denuncias de apremios ilegales-, se dispararon armas 9 milímetros».

Agregó que ese calibre es el que usa «la fuerza policial y además se sucede en el marco de una instancia de diálogo, había un compás de espera para llegar a un acuerdo entre las partes».