Concejales van a la Justicia por asignación de taxis

NEUQUÉN (AN)- Los concejales neuquinos harán entre hoy y mañana una presentación penal por las irregularidades detectadas en la documentación presentada por choferes para acceder a licencias de taxi y pedirán a la Sindicatura que confronte la veracidad de datos y también de puntajes adjudicados por la municipalidad a los 63 postulantes, ante la presunción de asignaciones fraudulentas.

Este proceso de investigación abarcará la solicitud de los certificados de libre deuda de todos los candidatos a la Dirección Provincial de Rentas (por ingresos brutos), al Tribunal de Faltas (por contravenciones de tránsito) y a la municipalidad, con la finalidad de compararlos con los presentados.

Además pedirán los antecedentes de los concursantes en el Registro Nacional de Reincidencia -a fin de verificar si alguno está inhibido para manejar- y constatarán que ninguno deba cuotas alimentarias en cumplimiento de una ley provincial.

En el caso de la dirección municipal de Transporte, gestionarán copias del registro de la antigüedad como postulantes y de la antigüedad como taxista, además de la respectiva documentación respaldatoria. Los concejales quieren hacer las cuentas porque han detectado puntajes que no se corresponderían con la realidad.

Esta investigación tendrá dos niveles de análisis y de confrontación independientes: el de la comisión de Servicios Públicos del Deliberante y el de la Sindicatura Municipal.

La decisión fue adoptada ayer en la comisión legislativa, para poner punto final al escándalo que generaron las denuncias sobre irregularidades. Algunos concejales han advertido que la investigación debe extenderse a «toda la cadena de responsables». Es que sobre el Ejecutivo Municipal sobrevuelan dudas de complicidad o connivencia con postulantes, que se colocaron en primeros puestos en función de «puntajes antojadizos», se dijo.

El concejal Darío Martínez (PJ) explicó que «por ahora» la comisión legislativa «ha corroborado fehacientemente un libre deuda adulterado de la Dirección General de Rentas -con el mismo número y nombre cambiado- y que al menos a un concursante se le otorgó más puntos de los que le correspondía». Sostuvo que hay expedientes «sospechados» y por ello «es necesario conseguir la documentación del total de las carpetas».

«Los concursos deben tomarse con responsabilidad por tratarse de una licencia comercial; tampoco debemos perder de vista que es un servicio público muy cuestionado por los usuarios», agregó.

El pasado viernes, el Deliberante dio ingreso a un despacho que aprueba la adjudicación de las 63 licencias y que sería tratado en la sesión del jueves 31. Fue un trámite que hubiese pasado desapercibido, de no ser por la intervención en contra del concejal Marcelo Bermúdez (Recrear). Ayer la comisión resolvió poner bajo lupa la documentación y los puntajes dispuestos a cada concursante.