Condena en suspenso e inhabilitación para ex funcionaria del Ipross

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los jueces de la Cámara Segunda del Crimen consideraron acreditado el delito de peculado con la conducta que le atribuyeron a la ex delegada local del Ipross, Alicia Calero, y la condenaron a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua.

Ese había sido el pedido de pena que formuló en su alegato el fiscal Guillermo Lista, quien redactó la acusación y tuvo por acreditado que entre octubre y diciembre de 2000 la ex funcionaria se apoderó de 10 mil pesos de las recaudaciones que efectuaba el organismo.

Mientras el fiscal consideró probado el delito, el abogado de la imputada alegó que a lo sumo su asistida era pasible de una sanción administrativa, porque no se había probado el perjuicio económico.

El juez Miguel Angel Lara redactó el voto al que adhirieron los jueces Héctor Leguizamón Pondal y César Lanfranchi, donde citó doctrina y argumentó que el caso en análisis reunía las características que configuran el delito de peculado.

Al graduar la pena, Lara expuso que atendía a que «la privación de medios económicos al instituto de asistencia al enfermo ha potenciado el área del perjuicio en una amplia franja de población abatida por el sufrimiento».

La causa investigada se inició hace casi seis años por denuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas de la provincia, luego de que una auditoría contable realizada en la delegación local del Ipross constatara el faltante de cerca de 10 mil pesos entre los ingresos y los depósitos efectuados por su titular.

A la ex delegada del Ipross los jueces de la Cámara Segunda le atribuyen haber defraudado en esa suma a la obra social provincial entre el 1 de octubre y el 14 de noviembre de 2000, porque, de acuerdo con la acusación, la sospechosa no cumplía con los plazos de depósito exigidos por las normas, y cuando intervinieron la delegación establecieron el faltante.

El fiscal Lista expuso en la elevación a juicio que Calero tenía a su cargo la administración y el manejo de los fondos permanentes para gastos de funcionamiento y asistenciales de la delegación, y le imputa haberse apropiado de la suma faltante, que debería haber rendido y remitido mediate el depósito en la cuenta del Ipross.

Agregó que tanto el faltante de dinero como otras irregularidades administrativas fueron detectadas durante la auditoría contable que realizaron en la delegación entre el 14 y el 16 de noviembre de 2000 y encuadró el hecho como «peculado continuado», por las diferencias entre la recaudación y los depósitos y rendiciones fuera de término que los auditores habrían establecido entre setiembre de 1998 y diciembre de 2000.