Condenan a la firma que auditó las cuentas de Enron

El veredicto pone en gravísimo riesgo el futuro comercial de Andersen, que hasta hace algunos meses era una de las firmas más prestigiosas del rubro contable y de certificaciones económicas, y prestaba sus servicios a varias de las principales empresas estadounidenses, entre ellas Enron.

El fallo decisivo del juez pareció romper un atolladero que le impidió al jurado alcanzar un veredicto durante más de una semana.

Tras 10 días consecutivos de deliberaciones, un jurado de 12 personas consideró que Andersen es culpable de obstrucción a la justicia, por destruir documentos relacionados con la contabilidad de su cliente Enron.

La consecuencia inmediata de la decisión del tribunal implica que la consultora no podrá seguir suministrando servicios de consultoría a empresas que coticen en bolsa, y además deberá pagar una multa que podría llegar hasta del doble de la suma determinada como «daño económico» que sus actos provocaron.

Esa cifra deberá ser determinada por el juez, pero no podrá superar un máximo de 500.000 dólares, según lo establece la legislación local.

No obstante, ninguno de los máximos directivos de Andersen irá a prisión, ya que el principal imputado por la destrucción de la comprometedora documentación de Enron, David Duncan, se aseguró su libertad a cambio de un pacto de colaboración con la Justicia.

Pero Andersen aún enfrenta montañas de demandas y un posible castigo civil de la SEC. Pocos esperan que la firma sobreviva.

Andersen, cuya casa matriz tiene sede en Chicago, admitió que sus oficinas de Houston destruyeron «miles» de documentos de Enron en las dos semanas posteriores al 23 de octubre, cuando se precipitó la debacle del coloso energético norteamericano.

Gracias a esas maniobras, Enron pudo ocultar su real estado económico a los controles económicos estadounidenses, y recibió asistencia crediticia en condiciones presuntamente irregulares.

Enron se declaró en quiebra en diciembre bajo una montaña de deudas y en medio de sospechas de manipulaciones contables, y provocó un cúmulo de investigaciones de parte de la Justicia y del Congreso.

La Justicia norteamericana también investiga, a varios colaboradores del presidente George W. Bush y su vice Dick Cheney, que se encuentran sospechados de haber permitido desde sus puestos que esas maniobras se consumen.

Los abogados de Andersen argumentaron durante el juicio que la destrucción de documentación era una práctica normal en los procedimientos de la consultora, y negaron sistemáticamente que hubiera estado apuntada a obstaculizar la acción de la Justicia.

Pero el tribunal no suscribió las explicaciones y declaró culpable a la empresa, que ahora se deberá enfrentar a los coletazos de ese veredicto.

El principal letrado de Andersen atacó la decisión del gobierno de demandar a la consultora por el caso Enron, y afirmó que constituye un uso «estúpido» de los recursos públicos, que «envía un mensaje erróneo» a la comunidad comercial.

La decisión de demandar a Andersen «inhibe tremendamente a que futuras corporaciones cooperen con el gobierno», declaró a la prensa. Por su parte, a través de un comunicado, la firma apelará y opinó que «el veredicto de es equivocado», y desautorizó al jurado, al afirmar que «no se le permitió conocer toda la verdad sobre lo que pasó el otoño (boreal) pasado, a causa de acciones del Departamento de Justicia durante este proceso».

Además, responsabilizó al gobierno «hacia el público por la inculpación de una empresa de 26.000 personas inocentes».

Documentos destruidos

Andersen, una firma radicada en Chicago, admitió haber destruido miles de archivos sobre Enron en dos semanas, a partir del 23 de octubre, cuando la SEC comenzó a examinar la turbia contabilidad de los asociaciones cuyos resultados no habían sido incluidos originalmente en los balances de Enron, y que escondían una deuda de miles de millones de dólares.

Andersen, que conoció de la investigación el 17 de octubre, dejó de destruir archivos tras recibir una orden de la SEC el 8 de noviembre. La fiscalía alegó que la destrucción de tantos documentos se hizo para evitar que cayeran en manos de los investigadores. Los abogados de Andersen alegaron que la firma destruyó esos registros como parte de su política usual, no para obstruir la investigación. (Reuters)