Condenan a prisión efectiva a ex director de Rentas

Recibió tres años, pero quedará libre a los 8 meses. Lo acusan de apropiarse de más de 30.000 pesos.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los jueces de la Cámara Segunda del Crimen consideraron probado que, mientras estuvo a cargo de la delegación local de Rentas, el contador Gustavo Garaycochea se había quedado con el dinero que pagaban con cheques algunos grandes contribuyentes, y lo condenaron a tres años de prisión efectiva, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los jueces de la Cámara Segunda del Crimen consideraron probado que, mientras estuvo a cargo de la delegación local de Rentas, el contador Gustavo Garaycochea se había quedado con el dinero que pagaban con cheques algunos grandes contribuyentes, y lo condenaron a tres años de prisión efectiva, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua.

El ex funcionario no se presentó a la lectura de la sentencia y los jueces no dispusieron su detención inmediata, porque la sentencia no quedará firme hasta dentro de 10 días hábiles, o hasta que el Superior Tribunal de Justicia se expida sobre un eventual recurso de casación.

El ex funcionario no se presentó a la lectura de la sentencia y los jueces no dispusieron su detención inmediata, porque la sentencia no quedará firme hasta dentro de 10 días hábiles, o hasta que el Superior Tribunal de Justicia se expida sobre un eventual recurso de casación.

Al graduar la pena, los magistrados consideraron agravante la condición de universitario del imputado, el rol directriz que le habían confiado, y el carácter ejemplar que cabe esperar de las conductas de los funcionarios públicos de jerarquía. En sentido inverso, atendieron a la falta de antecedentes penales, y le impusieron una pena que sólo lo obligará a cumplir 8 meses prisión efectiva.

Al graduar la pena, los magistrados consideraron agravante la condición de universitario del imputado, el rol directriz que le habían confiado, y el carácter ejemplar que cabe esperar de las conductas de los funcionarios públicos de jerarquía. En sentido inverso, atendieron a la falta de antecedentes penales, y le impusieron una pena que sólo lo obligará a cumplir 8 meses prisión efectiva.

Al ex funcionario lo acusan de haberse apropiado de 34.500 pesos que los contribuyentes le habían entregado en cheques, destinados a cancelar sus obligaciones de ingresos brutos con la Dirección General de Rentas, aprovechando las falencias del sistema y el descontrol existente, del que en forma contemporánea también se beneficiaron otros delincuentes, dos de los cuales también resultaron condenados.

Al ex funcionario lo acusan de haberse apropiado de 34.500 pesos que los contribuyentes le habían entregado en cheques, destinados a cancelar sus obligaciones de ingresos brutos con la Dirección General de Rentas, aprovechando las falencias del sistema y el descontrol existente, del que en forma contemporánea también se beneficiaron otros delincuentes, dos de los cuales también resultaron condenados.

Los hechos atribuidos a Garaycochea habrían ocurrido a partir de diciembre de 1990 y hasta los primeros meses de 1991, pero recién fueron denunciados por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pedro Funes, en 1995, luego que una serie de inspecciones a grandes contribuyentes de Bariloche revelara la existencia de comprobantes de pago con sellos apócrifos.

Los hechos atribuidos a Garaycochea habrían ocurrido a partir de diciembre de 1990 y hasta los primeros meses de 1991, pero recién fueron denunciados por el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pedro Funes, en 1995, luego que una serie de inspecciones a grandes contribuyentes de Bariloche revelara la existencia de comprobantes de pago con sellos apócrifos.

El imputado reconoció que en la fecha en que ocurrieron los hechos no existía un sistema contable, ni asientos confiables, ni estaban computarizados los datos, y reveló que los registros manuales, tipo «libreta de almacenero», estaban supeditados a la buena voluntad de los empleados. El estampado de sellos falsos en los comprobantes de Rentas, lo atribuyó a la infidelidad de algún cajero del ex Banco Provincia de Río Negro.

El imputado reconoció que en la fecha en que ocurrieron los hechos no existía un sistema contable, ni asientos confiables, ni estaban computarizados los datos, y reveló que los registros manuales, tipo «libreta de almacenero», estaban supeditados a la buena voluntad de los empleados. El estampado de sellos falsos en los comprobantes de Rentas, lo atribuyó a la infidelidad de algún cajero del ex Banco Provincia de Río Negro.

El fiscal Enrique Sánchez Gavier, argumentó que la falta de controles y de un sistema contable adecuado habría impulsado a Garaycochea a interceptar los pagos y a cobrarlos por ventanilla en su provecho. Por eso pidió que le impusieran 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y que lo inhabilitaran a perpetuidad.

El fiscal Enrique Sánchez Gavier, argumentó que la falta de controles y de un sistema contable adecuado habría impulsado a Garaycochea a interceptar los pagos y a cobrarlos por ventanilla en su provecho. Por eso pidió que le impusieran 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y que lo inhabilitaran a perpetuidad.

El juez César Lanfranchi redactó la sentencia a la que adhirieron los jueces Miguel Angel Lara y Héctor Leguizamón Pondal. En su fallo expuso que la diferencia entre los sellos estampados en los cheques y los comprobantes era tan manifiesta que alcanza para saber que el dinero que Garaycochea retiró de la caja del banco jamás había ingresado a Rentas. Respecto de la autoría, Lanfranchi abundó en detalles incriminatorios, pero además responsabilizó al imputado por «el estado de confusión» de Rentas «al servicio de eventuales maniobras fraudulentas, posibilidad aprovechada para concreción de ilícitos efectivos y acreditados, como en el caso bajo juicio, por el mismo jefe».

El juez César Lanfranchi redactó la sentencia a la que adhirieron los jueces Miguel Angel Lara y Héctor Leguizamón Pondal. En su fallo expuso que la diferencia entre los sellos estampados en los cheques y los comprobantes era tan manifiesta que alcanza para saber que el dinero que Garaycochea retiró de la caja del banco jamás había ingresado a Rentas. Respecto de la autoría, Lanfranchi abundó en detalles incriminatorios, pero además responsabilizó al imputado por «el estado de confusión» de Rentas «al servicio de eventuales maniobras fraudulentas, posibilidad aprovechada para concreción de ilícitos efectivos y acreditados, como en el caso bajo juicio, por el mismo jefe».

 

Un hecho paradigmático

El primer juzgado por estafar a Rentas fue Raúl Echevarría, uno de los notarios más antiguos y reconocidos de la ciudad, a quien se acusó de haber aprovechado su calidad de escribano público y agente de retención del impuesto de sellos de la provincia para beneficiarse en unos 760 mil pesos.

A Echevarría le reprocharon haber desplegado el ardid en 32 oportunidades entre setiembre de 1991 y febrero de 1994.

El 20 de mayo de 1999 fue condenado a 3 años de prisión en suspenso, pero el escribano conoció las incomodidades de la alcaidía recién el 25 de abril de 2000, cuando la jueza Silvia Baquero Lazcano ordenó su captura hasta tanto se realizara el juicio por las 62 nuevas imputaciones que existen en su contra.

Echevarría pasó dos semanas en la alcaidía con dos empresarios y un gendarme, y otros dos días en el hospital. Recuperó su libertad merced al voto de los jueces Rozanski y Pavone, pero el juez Barrutia manifestó su disidencia. Pasaron casi otros 4 años de ese incidente, y todavía no fue juzgado. (AB).

 


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