Condenarán por estafa a ex empleado de Trabajo

VIEDMA (AV)- Un ex empleado de la Secretaría de Trabajo reconoció haber cometido manejos irregulares con cuentas oficiales por unos 44.000 pesos, en el marco de un juicio iniciado ayer en Viedma.

El caso contra Marcelo Linares, a cargo de los jueces Pablo Estrabou, Jorge Bustamante y Francisco Cerdera; fue calificado como «estafa agravada».

Tendrá una condena de dos años de prisión en suspenso con inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos, según aceptó dentro de un proceso de carácter abreviado y en acuerdo con la Fiscalía que ejerce Adriana Zaratiegui y la defensora oficial Marta Ghianni. La sentencia será leída este viernes en la sede de la Sala «B» de la Cámara del Crimen.

A Linares se lo acusó de haber transferido a una cuenta propia los montos de 25.800 y 18.000 respectivamente y haber falsificado la firma de dos empleadas de mayor jerarquía del organismo entre diciembre de 2002 y marzo de 2003. Se trata de las funcionarias Lilián Malaspina y Norma Calvo.

Un determinado monto en cuestión era en Lecop, por lo que posteriormente Linares reintegró 28.000 de esa denominación monetaria. El caso llegó a esa instancia tras la investigación judicial iniciada por el entonces juez de Instrucción, Juan Bernardi.

Linares fue cesanteado de la administración pública en agosto de 2003 al comprobar la Junta de Disciplina de Río Negro que utilizó esa cifra para «provecho propio» cuando tenían como destino la entrega de subsidios a desempleados.

La investigaciones contra el ex empleado comenzaron cuando un control de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó importantes ingresos en la cuenta bancaria donde se le depositaba el sueldo como administrativo.

Ana Piccinini, a cargo en ese momento de Trabajo, había solicitado a su vez la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Luego de este hallazgo comenzó a cobrar notoriedad en ese mismo ámbito laboral una investigación paralela relacionada con presuntas irregularidades en la rendición de fondos del Programa de Empleo Rionegrino (PER). Por esas diligencias judiciales ya declararon en setiembre pasado ante el juez de Instrucción, Pedro Funes, los ex empleados Daniel González, Angel Poggi, Gustavo Otero y María Mirán. La situación procesal de estas personas no estaría resuelta y según trascendidos la falta de rendición sería de miles de pesos.