Condenaron al municipio neuquino a indemnizar a un juez de Faltas

NEUQUEN (AN).- El Tribunal Superior de Justicia neuquino condenó a la municipalidad a indemnizar por daños y perjuicios a Jorge Carlos López, titular del Juzgado de Faltas número 2, que en 1992 fue suspendido sin goce de haberes por un decreto promovido por la ex intendente Derlis Kloosterman, que adujo «negligencia» e «irregularidades» en el desempeño de sus funciones. Tendrán que pagarle 31.000 pesos más intereses que correspondan por 11 años.

El máximo tribunal de la provincia entendió que la atribución de suspender sólo le corresponde a un juri de enjuiciamiento y no al Ejecutivo municipal, que obvió esta instancia que también habilita mecanismos para la defensa.

En 1992, Kloosterman firmó un decreto para suspender a López en sus funciones. Adujo para ello una investigación que describía el desenvolvimiento de juez como «doloso» y «teñido de ineptitud».

Luego de presentar un recurso de amparo que prosperó, López volvió a sus funciones. Los pronunciamientos de primera instancia dictaminaron que la separación podía llegar sólo mediante la resolución de un juri de enjuiciamiento. En este caso, eso sucedió con la firma del decreto.

La demanda contra el muni

cipio plantea una compensación de 215 mil pesos por daños morales y perjuicios y reintegros salariales. El fallo del TSJ intima al municipio a pagar 31 mil pesos; mil por daño emergente y el resto por daño moral, y añade el interés correspondiente a los 11 años transcurridos desde la denuncia. Con la aplicación de los intereses la cifra rondaría la demandada por quien actualmente continúa como titular del Juzgado 2.

El intendente, Horacio Quiroga dijo ayer que desconoce aspectos puntuales del fallo, pero lo contextualizó dentro de la «herencia aberrante que Kloosterman le dejó a la ciudad. Si la gente tomara conciencia de los daños que le causó al municipio, se daría cuenta de que hizo un perjuicio tremendo», lanzó.

En su demanda, el denunciante adujo perjuicios morales. Las suspicacias causadas por el estado público en que derivó su momentánea separación del cargo, fueron uno de los fundamentos. Dijo que tuvo que darle explicaciones a sus hijos, y que su esposa sufrió un aborto espontáneo por estrés psicológico. Continuó exponiendo que, «ante la carencia de pruebas» en su contra, tuvo que soportar «la ridícula» implementación de un buzón en el hall central de la municipalidad, para recibir «denuncias contra los jueces del tribunal» del que participaba.

Los vocales del TSJ citaron en su resolución la jurisprudencia creada en un litigio similar. Agregan que el estatuto municipal indica que la labor de los jueces de falta queda exenta de ser regulada por los mismos mecanismos que el personal municipal. Y deja esa facultad únicamente relegada al un juri de enjuiciamiento. Algo que aquí sucedió luego de la firma del decreto.