Confección de prendas para reconocidas marcas en talleres clandestinos

Cuando cuatro menores de edad y dos adultos, todos bolivianos, murieron en el incendio de un taller textil clandestino en la calle Luis Viale, en el barrio porteño de Caballito, el 29 de marzo de 2006, pareció preocupar más la explotación de trabajadores, casi todos inmigrantes ilegales, denunciada por diversas entidades como la Unión de Trabajadores Costureros y la fundación La Alameda. La tragedia influyó para que el gobierno nacional acelerara los trámites de radicación de ciudadanos extranjeros y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires incrementaran las inspecciones y clausuraran centenares de esos talleres. En los últimos años, la AFIP –en forma conjunta con la Dirección de Migraciones, Gendarmería Nacional y la Policía Federal– detectó numerosos establecimientos de esas características en barrios porteños y localidades bonaerenses. Trabajadores no registrados –sobre todo bolivianos y peruanos– e indocumentados confeccionaban en esos lugares prendas para reconocidas marcas cuyos responsables conseguían abaratar así sus costos, licuaban responsabilidades legales y transferían riesgos empresarios. Las prendas luego eran vendidas a precios muy caros en locales a la calle y en sho- ppings. Algunos de los talleres funcionaban, en muchos casos, con la complicidad policial y sometían a sus víctimas a jornadas laborales de 16 y hasta 18 horas diarias, que interrumpían sólo para comer, a cambio de pagos ínfimos –y con descuentos por las “comidas”–, subsistiendo allí en condiciones de extrema precariedad. Esos trabajadores estaban al margen de los convenios laborales, no les efectuaban los aportes previsionales ni a la obra social, no percibían aguinaldo, salario familiar, vacaciones ni indemnización en caso de despido y tampoco contaban con seguros laborales. La AFIP formuló denuncias penales para que se investigara la posible comisión de delitos de reducción a la servidumbre y trata, cuando se estimó que cerca del 80% de los trabajadores soportaba esa situación. A fines de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 comenzó a juzgar a once imputados de talleres que tenían relación comercial con la marca Kosiuko. La causa fue caratulada como reducción a la servidumbre y delito migratorio, ya que al momento de los hechos aún no se había sancionado la ley 26842 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.