Confirman prisión preventiva a represores

La Justicia confirmó ayer la prisión preventiva a más de una docena de ex jefes militares, entre ellos el ex dictador Jorge Videla y el ex ministro del interior, Albano Harguindeguy, en la causa que investiga el denominado «Plan Cóndor», implementado por las dictaduras latinoamericanas para combatir a los opositores políticos.

La medida, dispuesta por la Sala I de la Cámara Federal, alcanzó además a los ex represores Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi y Ramón Genaro Díaz Bessone, entre otros, según indicaron ayer a Télam fuentes tribunalicias.

El Tribunal confirmó la medida adoptada en septiembre de 2005 el juez federal Guillermo Montenegro, que incluye también a militares como Antonio Vañek, Bernardo Menéndez, Ernesto Alais, Leopoldo Flores, Carlos Tragant, Eduardo De Lío, Carlos Landoni y Hugo Pascarelli.

En la resolución los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Raúl Vigliani, rechazaron las nulidades planteadas por los defensores de los represores y confirmaron la prisión preventiva que los afectados cumplen en sus domicilios, en razón de sus edades.

Algunos de los ex militares cumplen desde hace tiempo prisión domiciliaria por otras causas, como es el caso de Videla, que está detenido en su vivienda por disposición de la Justicia en relación con la investigación de la sustracción de bebés durante la dictadura.

Entre los ex militares a quienes se les ratifica la preventiva figura el general (RE) Ernesto Alais, quien alcanzó notoriedad durante la Semana Santa de 1987, cuando la columna militar leal que encabezaba y que debía reprimir a las fuerzas sublevadas, nunca llegó a Campo de Mayo, pese a los reiterados anuncios del inminente arribo.

El tres de agosto último, el magistrado había ampliado una medida similar adoptada el 3 de septiembre de 2004 por el juez Jorge Urso, quien subrogaba entonces al ex juez Adolfo Bagnasco, en la que decidió la prisión preventiva de los ex represores señalados, «ante el peligro de fuga y entorpecimiento de las investigaciones».

Los magistrados consideraron que a la luz de los hechos imputados –secuestros, tormentos, homicidios– «en caso de recaer condena (en el respectivo juicio oral) superará holgadamente los ocho años de prisión».

En su voto, Cavallo aludió a l «relación ilegítima entre los gobiernos y servicios de inteligencia de distintos países (la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)».

Para el magistrado esos acuerdos tuvieron como «objeto principal» el de «compartir información y cooperar para perseguir ilegalmente a opositores políticos de los distintos gobiernos» y comenzó a desarrollarse con «la instalación en Chile de la dictadura de Augusto Pinochet».

«Dado el carácter de agentes estatales de alto rango que detentaron durante parte de la última dictadura militar y que, en tal calidad, formaron parte de una sociedad criminal internacional, puede presumirse fundadamente que intentarán entorpecer la investigación» ya que hay pruebas que no se pudieron realizar, afirmó Cavallo.

El «Plan Cóndor» funcionó como un método de intercambio de prisioneros entre las dictaduras de la región durante los años setenta. Muchos paraguayos que vivieron exilados aquí fueron secuestrados y entregados al gobierno de Alfredo Stroesner, así como el centro de detención ilegal Automotores Orletti, en el barrio porteño de Floresta, fundó su actividad en la persecución y captura de uruguayos. (Télam)