Confirmaron procesamiento al ex intendente Feudal

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- En la causa iniciada por «abuso de autoridad», luego de que el ex intendente Atilio Feudal y su secretario de Hacienda Jorge Yáñez vendieran un pagaré por el 47,5 por ciento de su valor nominal, la Cámara Segunda del Crimen confirmó el procesamiento dictado por el juez Miguel Angel Gaimaro Pozzi. Ahora sólo resta que el agente fiscal redacte la elevación a juicio al juzgado Correccional 10, del juez Gregor Joos, quien deberá evaluar la conducta de los dos ex funcionarios.

La causa contra Feudal y Yáñez se originó en la denuncia formulada por el actual presidente del Tribunal de Cuentas Municipal, José Luis Hernández, por haber vendido un pagaré emitido por la Provincia al gremio UPCN, omitiendo contar con la aprobación del Concejo Deliberante.

El 12 de octubre de 2005 Gaimaro Pozzi solicitó el sobreseimiento de los funcionarios por el delito de defraudación -porque entendió que no habían ocasionado perjuicio al municipio-, pero insistió en el procesamiento por abuso de autoridad, por no haber solicitado autorización al Concejo Municipal.

Los funcionarios apelaron el procesamiento, pero como no fundaron el recurso la Cámara lo declaró desierto y confirmaron la medida del juez de Instrucción. Antes, Feudal había declarado ante Gaimaro Pozzi para justificar su decisión, explicando que en esos momentos la Provincia le debía 6 cuotas de la coparticipación, el municipio adeudaba los salarios de los 3 últimos meses, y se sucedía las manifestaciones públicas y las huelgas de los trabajadores.

La acusación contra Feudal y Yáñez, de 63 y 65 años en la actualidad, refiere que el 26 de diciembre de 2001 vendieron al gremio UPCN (Unión Personal Civil de la Nación) el pagaré 1.026 emitido por la Provincia de Río Negro, por 840.210,13 pesos, con vencimiento el primero de enero de 2011. Aclaran que la operación se hizo por el 47,5 por ciento de su valor nominal, es decir que recibieron a cambio algo menos de 400 mil pesos, sin que el Concejo Municipal se enterara ni la autorizara, violando los artículos 17 inciso 7, que establece que es el CM quien debe autorizar los convenios, y el 25 inciso 13, que faculta al Ejecutivo previa aprobación del CM, y el 17, que obliga a administrar los bienes conforme a las normas vigentes.

Tanto Feudal como Yáñez, ambos contadores públicos de profesión, defendieron el beneficio de la operación, afirmando que la tasa de interés descontada era mucho mas baja que la del mercado, y que el pagaré negociado en la práctica carecía de valor.

Para encuadrar la conducta de los procesados en la figura del artículo 248 del Código Penal, por el cual podrían corresponderles penas de un mes a dos años de prisión, más el doble de inhabilitación especial, Gaimaro Pozzi invocó las normas presuntamente violentadas.

Para el magistrado, la circunstancia de que la operación haya sido debidamente registrada y que no haya sido cuestionada por los organismos de control no libera a los responsables del Departamento Ejecutivo de cumplir las normas legales, que están determinadas en forma expresa en la Carta Orgánica.

El artículo 248 del Código Penal en realidad está previsto para quien «no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere», pero sobre ese tema el magistrado adhiere a la doctrina que entiende que la expresión «ley» comprende no sólo a las normas nacionales y provinciales, sino a las municipales y a sus reglamentaciones cuando su cumplimiento sea obligación de un funcionario.

Además, la figura elegida por Gaimaro Pozzi no requiere un daño efectivo para su acreditación, sino la arbitrariedad del funcionario de disponer sobre cuestiones ajenas a su competencia.