Conflicto judicial por la clausura de una confitería

El local está en Regina. Dueños denuncian discriminación

La confitería fue clausurada el lunes pasado y desde entonces la polémica no para de crecer.
VILLA REGINA (AVR).- La clausura de una confitería de Regina ordenada por el intendente Daniel Miocevic generó un conflicto judicial a raíz de la decisión de los propietarios de reclamar por la vía legal. Estos sostuvieron que no hubo un trato igualitario con este comercio.

También adelantaron que harán una apelación del decreto de clausura dictado por el jefe comunal, a través de los mecanismo previstos en la legislación local. La norma plantea la presentación de la protesta ante el Concejo Deliberante.

A esto se suma una campaña de apoyo al funcionamiento del local comercial con la recolección de firmas.

Puntualmente, la polémica se desató a partir del decreto 02/03 dictado por el Ejecutivo reginense el lunes, y que se concretó ese mismo día por la tarde, ordenando la clausura de la confitería Lola, ubicada en pleno centro reginense.

Miocevic determinó la clausura por tiempo indeterminado del local comercial al remarcar que el 11 de enero y el 1 de febrero se labraron varias actas de infracción a las ordenanzas municipales que regulan la actividad de las confiterías.

En este sentido, el intendente indicó que los propietarios habían solicitado una habilitación comercial para el funcionamiento de una confitería y pool, aunque sin embargo en las inspecciones que se realizaron y que motivaron labrar las actas de infracción, se constató que en el interior se habilitó una pista de baile, en contraposición a lo que fija la ordenanza 102/97.

Ante la excusación del juez de Faltas para resolver la situación, el mismo intendente dictó el decreto 02/03, en el cual fijó la sanción de clausura por tiempo indeterminado al local comercial.

Roberto Harina, uno de los propietarios de la confitería, sostuvo que en los dos meses en que estuvo en funcionamiento el local, fueron constantes las inspecciones a las que se vieron sometidos. En este sentido, señaló que «más allá del hecho que se constató en las infracciones, creemos que hubo una intención premeditada y persecutoria contra nosotros».

Reconoció que en las infracciones que se le labraron se hicieron al constatar que había gente bailando en el interior del local «pero no fue por lo único, también hicieron actas al sostener que se expendía en botellas de vidrio y no era así, porque se pagaba un adicional de la policía para controlara el lugar, e incluso la última infracción fue por postes que están colocados en la vereda». Harina aseguró que había otros locales comerciales de distintos rubros que también tienen incumplimientos con ordenanzas que regulan las actividades y, sin embargo, no se establecieron clausuras para otros comercios.

Del mismo modo remarcaron que «a nosotros directamente se nos aplicó la pena más dura que establecen las ordenanzas, sin otra posibilidad. En todos los casos por las infracciones primero se impone una multa, luego una multa y una clausura temporaria, y por último la clausura por tiempo indeterminado».


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