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A días del fin de gestión, Educación apura cambios sin un debate amplio.



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DE DOMINGO A domingo

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

Si bien es cierto que el peronismo debió esperar 28 años para acceder al gobierno en Río Negro, sería ingenuo pensar que el triunfo del pasado 23 de octubre marcó el fin de su calvario. Como Carlos Soria sabe bien, la grave situación financiera de la provincia lo ubica en el lugar que anheló, pero en el peor momento. Si en los próximos dos años no demuestra que es capaz de cambiar el rumbo de estancamiento y maraña burocrática en que varios gobiernos radicales convirtieron el Estado provincial, le será muy difícil modificar el humor político hasta el fin de su mandato. Por eso, confía en un golpe de efecto similar al que le dio resultados como intendente de General Roca. Pero no podrá hacerlo solo. Acaba de confirmar que necesitará un auxilio financiero de Nación de 323 millones de pesos para cumplir con los compromisos mínimos de su gobierno hasta el 15 de enero. Esto implica gastos de funcionamiento mínimo –hospitales y comisarías–, salarios de diciembre y la segunda cuota del aguinaldo a los estatales. Aun contando lo que ingresará a las arcas provinciales por recaudación propia y la coparticipación habitual de fondos nacionales. Si lo logra, sólo habrá conseguido mantener el barco a flote. Su pretensión de “hacer un buen gobierno” incluye mucho más que eso. Pero, por ahora, no tiene con qué. La opción de mínima es aceitar el diálogo con las máximas instancias de decisión nacional para que el inicio de su gestión no se vea empañado por reclamos, paros o situaciones difíciles. Una dificultad es que el Ministerio de Economía cambiará de jefe en pocos días, cuando Amado Boudou se mude al Senado. Por eso, el todavía no designado ministro de Hacienda, Alejandro Palmieri, ya está en funciones para gestionar en Buenos Aires el auxilio financiero. Y, en condición de “gobernador sin despacho”, Soria también irá a Buenos Aires para cerrar acuerdos. Es decir que, por estilo o apremiado por la necesidad, el equipo que asumirá el 10 de diciembre ya se ha imbuido del ritmo y la responsabilidad respecto de una gestión que saben compleja. En ese marco deben ser leídos los anuncios de que la planta política tendrá 250 funcionarios menos que la actual y que el organigrama de Legislatura permitirá ahorrar un millón de pesos por mes. La contracara es el desdén –en algunos casos, desparpajo– con que terminan su período ciertos funcionarios de Miguel Saiz, indiferentes al reclamo para gastos esenciales, al déficit y al endeudamiento en que entregarán la provincia. Lejos de inquietarse, un número considerable de funcionarios políticos descansa ya en su recién adquirido cargo de planta permanente del Estado. Aun cuando haber aprovechado su cargo para acceder a ese estatus desvirtúa por completo el principio republicano de que toda función de gobierno acaba, como máximo, al fin de la gestión. La transición, mientras tanto, presenta sus particularidades. La ofensiva que Soria había iniciado hacia la cabeza del Poder Judicial parece desactivada de imprevisto. Sus consejeros no respaldaron el pedido de no aceptar la renuncia de Alberto Balladini hasta que no esté resuelto el juicio político que el legislador de Redes Fabián Gatti impulsó hacia el magistrado. Ni siquiera se quedaron a sostener los argumentos. Si este “dejar ir” a Balladini incluye o no la opción para que Víctor Sodero Nievas deje pronto el cargo sin tropiezos, se verá con el correr de los meses. Por lo pronto, la preocupación de Soria giró ahora hacia evitar que los integrantes del Tribunal de Cuentas –a quienes su sector reprocha no haber investigado las denuncias de corrupción y abuso de dineros públicos formuladas en los últimos años– cumplan su período. Con modos gentiles, el secretario general designado, Hugo Lastra, les hizo saber que el gobernador electo “vería con agrado” que dieran un paso al costado. Algo que Pedro Casariego aseguró que no está entre sus planes inmediatos. Su período y el de Daniel Bossero –convocado a indagatoria por el tema sobresueldos– vence en junio del 2012, mientras que Carlos Malaspina tiene “cuerda” hasta el 2015. Para sumar presión, allegados a Soria han dejado trascender que cuentan con mayoría legislativa y argumentos suficientes para avanzar en un juicio político. Curiosamente, en esto tendrían un aval dispuesto en “Ringo” González y en otros legisladores del sector de Saiz: el funcionario de Chichinales habría admitido ante allegados que el enojo del actual gobernador con los controladores no sería sólo por lo que cobran “en blanco” sino por adicionales que hoy resulta difícil probar. Contención ¿a cualquier costo? En Educación, el traspaso del cargo al actual secretario general de la Unter se realiza en un marco particular: la difusión de varias resoluciones del Consejo Provincial que contemplan flexibilizar exigencias en los niveles Primario y Medio para evitar la repitencia de alumnos: • en Primaria se busca que la edad marque la promoción de los chicos de un grado a otro y que el aprendizaje que no se logró en un año sea perseguido a través de la designación de un maestro de Fortalecimiento de Trayectoria Escolar. Sin apuntar a las causas ni agotar las instancias de capacitación y trabajo multidisciplinario, se apuesta a resolver la cuestión designando unos 174 cargos, sin asamblea ni concurso y por nombramiento interno en las escuelas. • en Nivel Medio, los estudiantes no quedarán libres por faltas, podrán llevarse tres previas y se les podrá computar aprobada la previa si aprueban la correlativa del año siguiente. Se apunta a que los alumnos no repitan como medio para que no abandonen la escuela, confiando en que eso bastará para mantenerlos a salvo de una temprana incursión en empleos precarios o, lo que es peor, en el ejército de jóvenes que pasan sus días en la calle. Pero si esto se realiza a costa de la calidad de su educación, no se les habrá hecho ningún favor. La inclusión, sin dudas, es un objetivo central de la educación pública. Pero este “fortalecimiento” no parece haber sido pensado como un programa integral y completo sino, paradójicamente, como una manera de encubrir síntomas de la debilidad del sistema. El fundamento de las resoluciones lleva a suponer que el fracaso escolar puede resolverse con un escrito. Y que la educación es un trámite que dura 12 años, obviando toda referencia a su “alma”, el aprendizaje. Justo cuando está a punto de asumir un nuevo gobierno, se acota su posibilidad de tomar decisiones en un tema central de sus facultades. Con el aditamento de que será ministro el titular del gremio que participó –a través de sus vocales gremiales– en la definición del tema. La conducción de la Unter ha dicho que ninguna de las resoluciones contó con su aprobación, en alusión a que los vocales no integran su línea interna. Pero, más allá de la política gremial, el tema importa a toda la sociedad. Y, para que la pretendida solución no sea vista como un mero reparto de cargos, otra debió ser la metodología, y otro el debate sobre cuestión tan trascendente.


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