Congelados con el freezer abierto

Nadie podría asegurar que el denominado “IPC Congreso” resulte técnicamente mejor que el índice de precios al consumidor que elabora el Indec, ya que ambos muestran variaciones porcentuales de precios que nunca son precisados. Pero, al menos, los resultados del primero son mucho más creíbles que los del segundo; aunque no sea posible determinar, por ejemplo, si un aumento del pan se calcula sobre un precio de 8, 15 ó 18 pesos el kilo. Para enero pasado ese IPC, que elaboran las consultoras privadas y difunden los legisladores de la oposición, arrojó un aumento de 2,6%, que eleva a 26,3% la suba en comparación con el primer mes de 2012. En cambio, para el IPC del Indec esos incrementos fueron de apenas 1,1% y 11,1%, respectivamente. No es la única pauta de que la “inflación paralela” más que duplica a la oficial. La Universidad del CEMA mide desde hace casi cinco años la inflación de la “Canasta del Profesional Ejecutivo” (integrada por bienes y servicios de clase media-alta), que en enero de este año registró alzas de 2,89% mensual y de 24,8% interanual. Para más datos, este indicador revela que el gasto mensual de un grupo familiar en el área metropolitana de Buenos Aires pasó de 11.687 pesos en marzo de 2008 a 30.790 pesos el mes pasado. O sea, más de 163,4% en ese lapso. Con estos números a la vista, que proyectan una inflación anualizada superior a 30%, resultan más evidentes las razones por las cuales el gobierno de Cristina Kirchner decidió imponer oficiosamente el congelamiento de precios que rige al menos hasta el 1º de abril próximo en las grandes cadenas de supermercados y de electrodomésticos, al que ha ido sumando a otros sectores como artículos escolares y medicina prepaga. Claramente, la inflación arrancó el año electoral a mayor velocidad que la tolerable para el Gobierno y, además, en vísperas de las negociaciones salariales en paritarias y con un dólar blue trepando por encima de los 7,50 pesos. Precisamente, la única coincidencia entre quienes apoyan y quienes cuestionan esta medida es que el gobierno de CFK terminó por admitir implícitamente que la inflación le preocupa mucho más de lo que dice, sobre todo después de un año de fuerte desaceleración económica (el PBI oficial creció apenas 1,9% en 2012). Más práctico, el diputado (y ex viceministro de Economía) Roberto Feletti acaba de reconocer además que el objetivo es evitar que se traslade a precios la inyección de consumo que habrán de provocar en marzo los ajustes de salarios y jubilaciones, así como la modesta suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. En este contexto, y como ya se señaló en esta columna, el congelamiento significa un apenas parche que ataca los efectos antes que las causas de la inflación y por eso crea más incógnitas que certezas. Nadie está seguro de que sirva para desindexar los aumentos salariales en las paritarias como pretende el gobierno de CFK –pese a la actual división del frente sindical–, ni tampoco que en un año electoral se extienda sólo dos meses, como pretenden los empresarios forzados a “acordar”, a diferencia de muchos gremialistas que piden extender ese plazo hasta fin de año. Pero, además, falta un dato central: qué hará el Gobierno en materia de gasto público, emisión monetaria, impuestos, tipo de cambio, tarifas, subsidios o precios bajo control oficial y si ello significará crear o frenar nuevas presiones inflacionarias o cambiarias. Aunque siempre fracasaron en la Argentina, los congelamientos o acuerdos de precios fueron, por lo general, un complemento y no un sustituto de planes antiinflacionarios más amplios (que luego se incumplieron). O bien formaron parte de pactos sociales con compromisos explícitos de todas las partes (Estado, empresarios y sindicalistas). Aquí no ocurre ni una cosa ni la otra .Y mal puede contribuir a bajar las expectativas inflacionarias, si se desconoce cómo evolucionará la política macroeconómica que habrá de acompañarlo, por más que el gobierno de CFK busque una convergencia en torno de 20% para los ajustes de salarios y del dólar oficial en 2013. En otras palabras, equivale por ahora a congelar un conjunto de precios de bienes y servicios con impacto sobre los bolsillos, pero a dejar abierta la puerta del freezer en lo que se refiere a los costos. Cuantos más precios se incluyan o más tiempo se extienda, más difícil será salir del congelamiento. O sea, lo mismo que ocurre con los controles cambiarios. Sin embargo otro dato clave es que difícilmente contribuya a estimular la inversión productiva para aumentar la oferta, que es lo que más necesita la economía para salir del actual proceso de “estanflación”. Esta medida sorpresiva –como tantas otras– acentúa la desconfianza ya existente en la política económica, después del brusco viraje producido a fines de 2011. Hay menos empresas dispuestas a aumentar inversiones y crear empleos en la medida en que desconocen qué ocurrirá con sus costos; a qué precios podrán vender o exportar; si podrán o no importar insumos; o girar utilidades en el caso de las extranjeras. A esta incertidumbre deben sumarse ahora nuevas formas de “acoso” oficial. Entre ellas, las presiones de Guillermo Moreno para que las grandes cadenas de supermercados no publiquen avisos en los diarios que cuestionan al Gobierno; o para que muchas empresas demoren ajustes de precios ya autorizados, así como las de la AFIP para que los productores sojeros vendan remanentes retenidos de la cosecha anterior. También las que afectan a varias industrias para sustituir insumos o componentes importados, aún cuando no cuenten con proveedores locales en condiciones de producirlos a corto plazo. Desde otro ángulo, el congelamiento de precios –al que la presidenta Cristina Kirchner evitó hasta ahora referirse públicamente– implica un cambio conceptual más que táctico. En los últimos seis años, el polémico secretario de Comercio Interior se dedicó a controlar (y camuflar) los índices del Indec mientras aplicaba una peculiar política de precios en función de los costos, con ajustes diferenciados por categorías de productos (masivos, intermedios y premium). Así, aunque el IPC oficial subía mucho menos que la inflación real, Moreno logró evitar los casos de desabastecimiento que suelen acompañar a los controles más rígidos de precios. Ahora es diferente: por más que mantenga a raya a los inverosímiles indicadores oficiales, pasará a ser el principal responsable de eventuales deslizamientos de precios o escasez de productos si las empresas pierden rentabilidad. Como es habitual, casi todos los empresarios optaron por un prudente silencio para no incomodar al gobierno de CFK. Pero esto no significa que, en privado, dejen de expresar su desconcierto por lo que pueda ocurrir en los próximos meses.

LA SEMANA Económica

néstor o. scibona