Conmoción en el Senado por las listas de empleados

La decisión de "Chacho" Alvarez de publicar la lista de personal tensó aún más su relación con el PJ y generó malestar en la UCR. Critican que no se distinga a empleados de "ñoquis".

BUENOS AIRES (DyN) - La difusión de la lista del personal del Senado enrareció notablemente el clima político en la Cámara, donde se escucharon muchas críticas al vicepresidente Carlos Alvarez por adoptar esa decisión, la más dura de las cuales fue expresada por el jefe del bloque PJ, Augusto Alasino.

El senador entrerriano sostuvo en una conferencia de prensa que la medida "esconde otra intencionalidad" por detrás del aparente intento por dar a conocer datos hasta ahora reservados, que es "ocultar la manifiesta deficiencia para detectar ñoquis, porque no se puede o porque no se quiere hacerlo".

De esta manera, Alasino elevó el grado de enfrentamiento público con Alvarez, quien en las dos últimas semanas mantuvo numerosos cruces verbales con los senadores, especialmente con los justicialistas, a quienes acusó de "querer quedarse con la caja del Senado para hacer política".

La disposición de Alvarez constituye la primera vez que se deja constancia pública de quiénes son empleados del Senado, un tema muy conflictivo en las disputas partidarias por las constantes denuncias de que los puestos en el Congreso son motivo de favores políticos.

Aparecen allí apellidos conocidos en política pero en ningún caso se puede determinar qué grado de parentesco mantiene con los políticos públicamente reconocidos, quién asumió la responsabilidad de nombrarlos y en qué área o con qué frecuencia desarrollan su actividad.

Muchos se apuraron en aclarar el vínculo que los unía con ellos y que no eran "ñoquis", como Genoud, quien admitió que tiene a su hermano trabajando con él, o el justicialista rionegrino, Remo Costanzo, quien nombró a un hijo y una sobrina suyos.

A la mañana, el vicepresidente había defendido su decisión con el argumento de que así se podrían evitar actos de "manipulación política" de esa información y avanzar en el proceso de clarificación de la situación del personal ante la existencia de entre "700 y 800 ñoquis".

Pero la nómina completa de 3.156 empleados, que contiene muchos apellidos de legisladores y funcionarios, actuales y pasados, no incluye especificaciones ni la situación en la que se encuentra cada uno de ellos (sólo menciona la categoría y si es contratado, transitorio o permanente), con lo cual es imposible determinar quiénes están en situación irregular.

Entre los más conocidos aparecen en las listas apellidos de la política como Bussi, Britos, Alfonsín, Cafiero, Allende, Anzorreguy, Arias, Asís, Becerra, Bravo Usandizaga, Yoma, Salum, Mitre, etc.

Alvarez sostuvo de todas maneras que su decisión ayuda a "dar una batalla fuerte contra aquellos que entraron al Senado en una época equis, con un senador en la planta transitoria, se transformaron en permanentes y ahora no sabemos dónde están, pero sí que están cobrando y es dificilísimo identificarlos".

Y de esa fundamentación se tomó Alasino para exponer que la difusión de la nómina es "una operación dura que no sólo desprestigia a todo el cuerpo por ser incompleta y tendenciosa, sino que además desvirtúa y cambia la realidad".

También para acusar a Alvarez de aplicar una "cortina de humo para tapar el tema de los ñoquis, que no están donde él dicen que están. Debería detectarlos y echarlos".

En la conferencia de prensa que convocó, Alasino buscó repartir culpas con la actual administración del Senado, al decir que había nombrado 61 empleados desde su asunción en diciembre pasado, aunque no precisó si tales designaciones entrañaban algún tipo de irregularidad.

En el Senado era palpable el mal clima generado por la difusión de la lista de empleados, tanto en el justicialismo como en el radicalismo.

"Esto es una caza de brujas absurda, es como escupir para arriba porque no sirve de nada. Sólo vale si se hace una transformación general en todo el Congreso", sostuvo el justicialista Ricardo Branda, en sintonía con la mayoría de su bloque.

En el radicalismo hubo posturas públicas diferentes, aunque en reserva no hubo ninguno de los senadores consultados que haya expresado satisfacción por la novedad.

Mario Losada, crítico al gobierno, expresó que "lo que se hizo no sirve de nada, porque es información incompleta".

Pero en la otra vereda, el máximo defensor del gobierno en el Senado, José Genoud, evaluó como "muy positivo porque no puede haber información oculta o sospechada. Esto sirve para que cada responsable se haga cargo de lo que le compete". Un senador del radicalismo admitió que "hay calentura por la decisión, porque ensucia a todos y no tiene beneficios visibles".


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