Consecuencias

El gobierno empezó la semana con una buena noticia: su lista en las elecciones de CALF se impuso en la asamblea de delegados de la cooperativa; siguió con una mejor: el jurado de enjuiciamiento a Mendaña dio un paso importante hacia la defenestración del fiscal; y la mayoría automática legislativa sancionó una ley de paritarias en cuya elaboración no participaron los gremios estatales, esos a los que el gobernador les profesa un encono visceral porque los considera un obstáculo para su hegemonismo.

Pero esta suerte de festín no es para nada gratuito. Propios y extraños observan con creciente preocupación el avance implacable de un sistema con peligrosas inclinaciones totalitarias. El estupor ha cedido paso a la preocupación y a un creciente sentimiento de hartazgo, al punto que el atracón oficial comienza a convertirse en un bumerán que sólo contribuye a desautorizar al propio gobierno.

De todas las campañas emprendidas por el sobischismo para ampliar su hegemonía, la más grave por sus consecuencias institucionales y sociales es la ofensiva para someter al Poder Judicial. El gobernador lo había anunciado claramente en la cámara oculta: no está dispuesto a trajinar los tribunales como le ocurrió al finalizar su primer mandato. Y cumplió.

El primer paso en esta campaña punitiva lo pudo concretar imponiendo, contra la opinión del arco opositor y las fuerzas vivas, una mayoría propia en el Tribunal Superior de Justicia. Para colmo, las cosas se dieron de tal manera que acabó nombrando a su antojo a los cinco miembros del cuerpo.

Es cierto que el pescado se pudre por la cabeza, pero aquello fue sólo una parte. Había que someter además a los cuadros intermedios del Poder Judicial. No fue suficiente con desarticular la fiscalía anticorrupción y dispersar al equipo de Pedro Telleriarte; hubo que avanzar además sobre los juzgados de instrucción que entendían o podían entender en causas de corrupción y también sobre los fiscales de cámara.

Un caso especial es el de la defensora del Niño y el Adolescente, Nara Osés, una funcionaria que estorba a los planes del gobierno, no sólo porque intenta cumplir con su deber, sino porque su independencia es incompatible con el estado de cosas que se pretende crear en la Justicia, un verdadero mal ejemplo al que es necesario eliminar de raíz.

La ofensiva contra la ley 2.302 no sólo constituye un caballito de batalla para medrar en el debate político instalado por la derecha sobre la mano dura, además busca yugular un ámbito judicial que el gobierno considera adverso y que, para colmo de males, tiene vasos comunicantes con el arco de la oposición política y social. Algo verdaderamente intolerable.

Esta semana asistimos a una nueva y más grave vuelta de tuerca en la escalada contra este sector, con las amenazas de muerte a Osés y a su adjunta, Edith Galarza. No parece nada causal que esto ocurra luego de que el gobierno fracasara en convertir en ley la reforma presentada por Manganaro y luego de la ola de repudio que suscitó la iniciativa en la provincia y el país. Justamente, en el contexto del nuevo cuadro de situación, mañana desembarcará en Neuquén el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.

No es muy diferente a todo esto la persecución que sufre por estos días el fiscal de Cámara Ricardo Mendaña,un hombre cuya profesionalidad e independencia parecen incompatibles con una justicia domesticada. Los pasos dados esta semana por el jurado de enjuiciamiento para sacar de juego a Mendaña, adquirieron ribetes escandalosos. Los vocales del TSJ Sommariva, Fernández y Badano se comportaron como fieles ejecutores de la política oficial, y rechazaron su propia recusación en un trámite deplorable.

Los vocales participaron de la votación en la que se decidió su propia continuidad en el jury, y Sommariva y Fernández llegaron al extremo de apelar al doble voto. La jugada mereció amplio repudio, entre otros de la Multisectorial y del subsecretario de Política Criminal nacional. Algunos recordaron que en ningún tribunal los jueces recusados pueden integrar el jurado llamado a resolver su propia recusación porque serían juez y parte al mismo tiempo. Es difícil imaginar que un proceso tan plagado de irregularidades como el virtual linchamiento de Mendaña pueda quedar impune indefinidamente.

Uno de los síntomas de la enfermedad del poder es el horror al vacío. Por eso el gobierno se lanzó a conquistar espacios en los que nunca debería haber incursionado, como la Universidad, el ISSN y CALF. La ofensiva para apoderarse de la cooperativa tuvo su clímax cuando Sobisch le levantó el brazo en un acto al líder de la lista Verde, Marcos Silva.

Si bien el plan no alcanzó para desplazar totalmente a la actual conducción, esta semana se concretó el desembarco de Silva en el consejo de administración, y el plan para apoderarse definitivamente de la entidad es un secreto a voces. En un mes, los verdes pedirán una asamblea extraordinaria para remover a todo el consejo aduciendo irregularidades contables. Pero en este caso, como en los anteriores, la aventura no es gratuita para el gobierno, que desde distintos estamentos fue denunciado por su flagrante intromisión en la vida interna de una entidad por definición apartidaria.

El sobischismo se hizo un picnic con la nueva ley de paritarias, que entre otras cosas pretende impedir que los docentes metan la nariz en la política educativa y busca quebrar la representación gremial poniendo en la mesa de negociación a representantes de sindicatos fantasmas. Todo esto se consumó, sin siquiera escuchar la opinión de los interesados, algo que no contribuirá a mantener la «paz social» agitada por Sobisch. Por el contrario y teniendo en cuenta el año electoral, este manotazo preanuncia un clima de fuerte confrontación.

La política oficial de ataques a la prensa independiente también tiene consecuencias. La semana que comienza llegará a Neuquén la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que viene a investigar la marcha de los proyectos de acceso a la información pública y las denuncias de hostigamiento al diario «Río Negro» desde el gobierno neuquino. El envío fue dispuesto en octubre pasado por la LX Asamblea General de la SIP realizada en Guatemala.

Héctor Mauriño

vasco@rionegro.com.ar