Construcción paralizada de 400 casas en Río Negro

RIO NEGRO

La provincia de Río Negro reconoce la paralización de 17 planes de viviendas -con unas 400 unidades en construcción- y una baja importante en el pago de certificados de obras. Esta información fue admitida por el gobierno al justificar su decisión de un reajuste de los valores de las empresas, que tendría un impacto de 60 millones para el Estado provincial.

El gobierno ultima la aplicación del nuevo esquema de redeterminación, con un decreto y, además, un decreto/ley para declarar la Emergencia del sector y así imponer la actualización de valores en forma retroactiva.

En Río Negro, el IPPV está ejecutando más de 1.900 viviendas, aunque se admite que hay 400 unidades paralizadas o semiparalizadas, con obras complementarias. Equivale a más de un 20% de sus construcciones. Estos planes están afectados por el desfinanciamiento de las empresas, incluso algunas quebraron. Las viviendas con problemas están en Viedma, Cipolletti, Maquinchao, Darwin, Belisle, Beltrán, Catriel, Sierra Grande y Guardia Mitre.

La reactivación de esas ejecuciones, como también un mayor ritmo en las restantes se logrará con el mejoramiento de los valores acordados con las constructoras, desactualizados con la aplicación del presente método de redeterminación de costos. Este argumento corresponde al gobierno de Alberto Weretilneck, que ya resolvió la aplicación de otro mecanismo de reajuste, con un impacto de unos 60 millones de pesos para el Estado, según su estimación.

En esa dirección, esta última semana, Obras Públicas reconoció que «actualmente 17 planes de IPPV están paralizados, sumado a que en el último año las certificaciones bajaron de 30 a casi 9 millones; ocasionando que la mayoría de estas obras tengan además problemas con los plazos».

El gobernador ordenó un decreto para implementar el reajuste, incluso en forma retroactivo a diciembre del 2011. Este proyecto de norma se originó en un acuerdo en el Consejo de Obras Públicas, integrado por el Gobierno, las constructoras y el gremio del sector y firmado el pasado 5 de setiembre. Un mes después, el mandatario todavía no formalizó ese mecanismo.

Inicialmente, la Fiscalía de Estado objetó ese instrumento para otorgar un reconocimiento para atrás y en ese caso, reclamó un tratamiento legislativo. Esta semana, Weretilneck anunció el dictado de un decreto/ley, pero finalmente, se desdoblaría el trámite.

En principio, se daría un simple decreto para establecer el sistema de readecuación para las obras actuales, basado en la variación fijada por la Cámara de la Construcción y abandonar el índice del Indec.

Luego, el gobernador sí formalizaría un decreto/ley que establecería la Emergencia del sector y, consecuentemente, ampliaría el reajuste de costos incluso hasta diciembre del 2011.

Según una reciente gacetilla, el ministro Guillermo Gesualdo resaltó que este proyecto está relacionado con «el estado de mucha obra pública actualmente paralizada, y al condicionamiento que están sufriendo la Uocra y las constructoras producto de la inflación; el principal objetivo es reactivar la obra pública luego del impacto económico sufrido a partir de enero».

Este sistema de pago de redeterminaciones permitirá -según el gobierno- «crear un marco para trabajos a futuro, brindando estabilidad y tranquilidad en la ejecución de la obra pública».