Contra el secreto

Por Héctor Ciapuscio



John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, fue asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Acusado del hecho y detenido, Lee Harvey Oswald murió dos días después baleado por Jack Ruby en el sótano de la estación local de policía. En 1994 la Comisión Warren dictaminó que el asesinato del presidente no fue fruto de un complot y que Oswald había actuado solo. Pero en las cuatro décadas que siguieron a este cierre procesal hubo diversas versiones, una catarata de artículos periodísticos, más de una docena de libros y hasta películas proponiendo que la investigación oficial fue un fraude y que realmente existió un complot.

Dos notas publicadas en la prestigiosa "New York Review of Books" con la firma de varios autores de libros de investigación sobre el magnicidio han denunciado el hecho de que la CIA (Central Intelligence Agency) se niega -en violación del "JFK Records Act" de 1992, que manda que todo archivo relacionado con el asesinato sea revelado "inmediatamente"- a liberar información sustantiva. La primera nota, publicada el 18 diciembre de 2003 y firmada por trece personalidades interesadas, pedía que se respetara la ley abriendo el expediente. Incluía concreta información sobre actividades de un agente de la CIA, de nombre George Joannides, que poco antes de la tragedia guiaba y monitoreaba, en su función de jefe de la rama de Guerra Psicológica en Miami, los contactos entre Oswald y un grupo de cubanos exiliados (DRE) financiado por la Agencia. La segunda nota acaba de aparecer, firmada por veinticinco peticionantes encabezados, como en la anterior, por G. Robert Blakey, jurista de la Notre Dame University que fue consejero del "Select Committee on Assasinations" del Congreso, e integrada entre otros por Norman Mailer, autor de "Oswald's Tale", y Oliver Stone, director de la película "JFK" (1991), reiteradamente exhibida en nuestro país.

Esta nueva carta abierta lamenta que la CIA, confirmando su actitud, se ha presentado en mayo del 2005 ante la Corte federal donde se sustancia el juicio entablado contra la Agencia por el periodista Jefferson Morley en base a la ley sobre Libertad de Información, haciendo (la Agencia) moción de bloquear archivos relacionados con operaciones del agente George E. Joannides previas al crimen. Los firmantes manifiestan que sin los datos de estas operaciones del oficial "el registro público del asesinato y las confusas investigaciones posteriores no estarán completas". Dicen que, dieciocho meses después de la primera presentación judicial del periodista Morley, la Agencia se niega a cumplir la requisitoria legal y, aun reconociendo que posee un número indeterminado de documentos relacionados con las actividades de Joannides en 1963, declara que no los liberará "en modo alguno" por razones de seguridad nacional.

Los que suscriben la carta abierta -publicistas responsables de opiniones divergentes sobre el asesinato del presidente Kennedy- consideran que la posición de la Agencia es contraria al sentido común, "espuria e insostenible", desafía un mandato del Congreso, oscurece la memoria pública sobre un hecho de alto interés nacional y erosiona la confianza de la ciudadanía sobre la Comunidad de Inteligencia en momentos en que el bien de la seguridad colectiva requiere lo opuesto.


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