CorteIDH exige quitar amnistía a dictadores y abrir archivos
Ordenó que el país vecino elimine los obstáculos legales que han facilitado la impunidad. Es parte de la sentencia del caso por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y el nacimiento en cautiverio de su hija Macarena (nuera y la nieta del poeta argentino Juan Gelman).
Uruguay
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó que Uruguay elimine los obstáculos legales que han facilitado la impunidad, como una amnistía que protege a perpetradores de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).
La orden está contenida en la sentencia del caso por la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y el nacimiento en cautiverio de su hija Macarena.
Las víctimas son la nuera y la nieta, del poeta argentino Juan Gelman, quien después de 20 años de pesquisas logró finalmente dar y encontrarse con Macarena. María Claudia estaba casada con Marcelo, hijo de Gelman.
La sentencia fue publicada la noche del miércoles en la página de internet de la Corte, aunque el fallo fue dictaminado por los jueces el 24 de febrero.
El caso remite a la dictadura militar. En 1976, García, con siete meses de gestación, fue secuestrada en Argentina y trasladada a Montevideo cuando tenía 19 años. Su esposo Marcelo fue asesinado en Buenos Aires.
El fallo determinó que las denuncias por la desaparición de García no prosperaron por la existencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986 que evita que perpetradores de graves violaciones de derechos humanos sean juzgados.
Los jueces hallaron responsable al Estado de Uruguay por la desaparición forzada de García y por la supresión y sustitución de identidad de Macarena Gelman García, así como por violar los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia en perjuicio de Juan Gelman.
La Corte también determinó que “el Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana (de derechos humanos)… como consecuencia de la interpretación y aplicación que le ha dado a la Ley de Caducidad’’ y detalló que “el Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad… no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos’’.
La Corte dictó que el Estado deberá “acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales’’ y realizar en el plazo de un año un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, así como implementar un programa de derechos humanos para los agentes del Ministerio Público y los jueces.
El Estado tendrá dos años para garantizar “el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales’’.
En cuanto a las indemnizaciones por daño material e inmaterial, el monto ascendió a 585.000 dólares, más 28.000 dólares por reintegro de costas y gastos.
Viviana Krsticevic, directora de la organización CEJIL, que actuó como representantes de las víctimas, afirmó que “le toca ahora a Uruguay el desafío que han enfrentado otros países de la región construyendo el camino de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones del pasado reciente… Sin duda alguna, el fallo constituye un reconocimiento y un aliento a Juan y Macarena Gelman en su incansable búsqueda por la verdad y la justicia’’.
AP.-
Comentarios