Cosas no piadosas

Fue un día amargo para el dictador Francisco Franco.

Estados Unidos, al que en los «50 le permitió instalar en suelo español 4 bases militares, le había mentido.

¿En qué?

El 16 de enero del «66, un B-52 chocó en el aire con su avión de reabastecimiento. Fue frente a Palomares, en la costa de Almería, al sudeste de España.

Washington admitió que el B-52 llevaba cinco bombas. «No son nucleares», acotó. Revisó tierra y mar. Encontró cuatro. Mucho después, la restante.

Pero por el despliegue técnico para ubicarlas, la prensa dedujo que eran nucleares. Y surgió otro dato: contaminación con plutonio en las áreas donde fueron ubicadas.

– Sí, es así- declaró Lyndon Johnson.

– ¡Me mintieron! – chilló Franco.

Se roturaron 115 hectáreas y se analizaron las aguas. Y nadie quiso meterse en el mar de Palomares cuando se instaló el verano.

Entonces Franco envió al ministro de Turismo, Manuel Fraga Iribarne, a nadar a Palomares. Muchos años después, en su despacho en Las Cortes, Fraga tenía inmortalizado el chapuzón en una foto. Y un día, hablando con un embajador argentino, dijo:

– En política hay mentiras y deserciones de roles «piadosas». Pero cuando la política se cruza con temas de seguridad, la mentira y la deserción de roles no tienen nada de «piadosas».

Palomares viene a referencia aquí -queda claro que no hay ninguna otra comparación- por lo que sucede hoy en Río Negro con los transformadores que contienen PCB.

Es un proceso signado por la deserción de roles. Y sospechado de vertebrarse en no pocas mentiras.

Y es también un tema emblemático del grado de impunidad con el que se desenvuelve mucho de lo público en la provincia.

El viernes este diario informó que, a pesar de estar prohibido, Edersa instaló en los últimos seis años en la provincia 81 transformadores nuevos con el tóxico PCB en su aceite refrigerante.

Sin embargo, el 14 de agosto del 2000, la empresa notificaba al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que sólo tenía 4 transformadores con PCB. Y acotaba incluso que estaban desactivados.

Nada dice, en aquel informe, de los 81 en cuestión. ¿Por qué?

Porque, según fuentes de Edersa, recién ahora -vía una auditoría- la empresa descubre que esos transformadores contenían PCB. Y entonces dice que fue estafada por el proveedor de los transformadores -Sitran-, compañía en proceso de quiebra.

O sea, siguiendo este argumento, Edersa licitó transformadores libres de PCB. Pero se los vendieron con él.

No es fácil de digerir.

Hay que dejar mucha reflexión de lado para admitir que Edersa, con una facturación en el 2001 -por tomar sólo un ejercicio- de 64 millones de dólares y buena renta, y conformada por grupos de significación económica, haya sido engañada por el proveedor.

Hacer propio este argumento implica aceptar que la empresa compra sin recaudos. Y siembra dudas sobre la calidad de gestión y eficiencia de la firma.

Todo justo cuando en el mercado eléctrico la eficiencia es un dato esencial a la hora de reclamar aumentos tarifarios.

Pero el tema adquiere una dimensión mayor cuando se lo inserta en un contexto más amplio. Sucede que no sólo cuentan aquí los eventuales incumplimientos de una empresa.

Así, al explorarse el tema estalla a la vista la debilidad de acción de los organismos de control y regulación del mercado eléctrico provincial, en el marco de la privatización a la que fue sometido.

Edersa debía abstenerse de colocar nuevos transformadores con PCB y retirar los existentes. También construir un depósito destinado a ellos. Y el EPRE y el Consejo del Medio Ambiente de Río Negro, controlar el cumplimiento de aquellas obligaciones.

Sin embargo, cuando se mira el proceso PCB en su totalidad, no resulta aventurado afirmar que hay escasez de conductas predispuestas a operar en consonancia con sus responsabilidades.

La política misma está ausente de sus obligaciones para con el tema. O sea, velar y seguir el desarrollo de los cumplimientos comprendidos en el proceso privatizador del cual nació Edersa.

Sólo ARI, a través de sus diputados Eduardo Chironi y Guillermo Wood, mostró interés. Desde mediados del 2000 a hoy, interpusieron recursos de amparo y pedidos de informes destinados a poner luz sobre el tema. Y ahí nació la ley 3.660 que fija el tiempo para retirar los transformadores con PCB.

Pero la UCR, Frente Grande y PJ, incluso computando hoy sus precandidatos a gobernador, «mutis» por el foro. Ni siquiera, tema de campaña.

Estas ausencias e incumplimientos no son neutros.

Están en la raíz misma del sainete de los camiones deambulando por los valles sin saber dónde dejar los transformadores desactivados.

Y se vinculan, claro está, con la persistencia de daños a la vida y al medio ambiente.

Por acción u omisión, hay mucha impunidad en el manejo del caso PCB.

Esa impunidad que el 28 de junio signó la muerte de Enzo Alejandro Pérez. Fue golpeado y torturado en la alcaidía de Roca.

Su absurda muerte sólo tiene explicación en el marco de un gobierno ya no ausente, sino prófugo de sus obligaciones para con los derechos y garantías de la gente.

La investigación judicial está bloqueada por el pacto de silencio. No avanza ni siquiera a paso cansino.

Un dato por de más elocuente lo demuestra: la máxima autoridad de la alcaidía ni siquiera fue convocada a prestar una declaración informativa sobre lo sucedido la noche de los hechos.

El asesinato de Enzo Pérez es un caso de negligencia criminal agravada por varios motivos.

En primer lugar por la desobediencia por parte del Poder Ejecutivo de una orden del Superior Tribunal de Justicia destinada a mejorar las condiciones de la alcaidía.

Segundo, por la inacción de la cabeza del Poder Judicial ante esa desobediencia.

Por aquí y por allá, incumplimiento de roles.

Y tampoco la política se ocupa de Enzo Pérez.

Mucho menos en la hora de la promesa fácil de campaña electoral.