Crean el órgano que definirá los precios de la fruta

VIEDMA (AV).- La Legislatura transformó ayer en ley la mesa de contractualización, que intervendrá en el negocio frutícola, cuya integración es obligatoria y sus decisiones vinculantes.

Los empresarios del sector frutícola se oponen a esta ley y hasta estarían estudiando la posibilidad de pedir su inconstitucionalidad.

La mesa definirá -entre otras cosas- costos, precios y condiciones de pago al productor. La asistencia a la misma es carga pública y vinculante.

Este nuevo órgano regulador estará conformado por dos representantes de la Federación de Productores, dos de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), dos de la industria juguera (CINEX), dos del Ejecutivo provincial y tres del Parlamento.

Tendrá como objetivo secundario intervenir en las condiciones de pago y las cláusulas de ajuste de los valores y tarifas como precios de producción.

La mayoría legislativa ratificó el proyecto aprobado en primera vuelta y que crea la «mesa de contractualización frutícola». El bloque de la Alianza desestimó la reforma planteada por la diputada arista Magdalena Odarda, que pretendía facultarla a establecer precios mínimos en el negocio. Sin embargo, quedó establecido que la reglamentación de la ley va a considerar todas las sugerencias, entre ellas la de los precios para la fruta que pagan los empresarios, un planteo de años de los productores.

El presidente de la bancada, Bautista Mendioroz insistió sólo en el proyecto original y dejó las evaluaciones de las sugerencias sectoriales para su reglamentación. El justicialista Ademar Rodríguez reiteró la importancia de la mesa de análisis de la estructura frutícola.

Se prevé obligatoriedad en la asistencia de sus miembros, mientras que sus decisiones serán vinculantes para los actores del negocio frutícola.

También la Legislatura aprobó en primera vuelta reformas a la ley de Pesca, fijándose condiciones para otorgar y mantener los permisos de pesca. Entre ellas, las empresas deberán acreditar periódicamente el pago de obligaciones laborales, previsionales, aportes po obra social y sindicales.

Asimismo, se crea un régimen de Penalidades por Incumplimiento y establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Trabajo.

Esta iniciativa fue presentada por el legislador Javier Iud, quien fundamentó que «la actividad pesquera de Río Negro es una de las fuentes de ingresos más importantes de la Zona Atlántica» pero «sus ventajas comparativas regionales no siempre se traducen para la mano de obra pesquera».

En su explicación, Iud expresó que «actualmente las empresas con permisos de pesca suelen no poseer embarcaciones y están trabajando bajo la modalidad de contrato de explotación pesquera.

Estas empresas denominadas armadoras actúan con un grado de libertad que permiten generar una serie de incumplimientos en sus obligaciones y, luego, emigran y dejan a los trabajadores en una situación desfavorable».

Salto Andersen

Además, la Legislatura aprobó dos proyectos del Poder Ejecutivo: la concesión de la central hidráulica Salto Andersen para explotación y construcción del Departamento Provincial de Aguas y la prórroga por 180 días de la norma que suspendió el corte de suministros domiciliarios de los servicios públicos.

En su exposición, el miembro informante de la Alianza, Oscar Machado adelantó que la concesión en favor del DPA impulsó «la posibilidad de asumir en forma directa la explotación de la presa Salto Andersen, en consonancia con el Código de Agua».

También se aprobó el proyecto de eximición del pago del impuesto a los Sellos a todos los actos celebrados para la constitución de sociedades de garantías recíprocas, cuya autoría pertenece al radical José Luis Rodríguez.