Crean ente para controlar los servicios públicos

NEUQUEN (AN).- El intendente Horacio Quiroga comienza a diseñar los pertrechos legales para ordenar la prestación y concesión de los servicios públicos en la capital y llenar la falta de un marco regulatorio en la materia. Aunque su primer objetivo es la distribución de energía eléctrica que opera CALF, su iniciativa apunta también a las redes de agua potable y saneamiento -un viejo proyecto del actual jefe comunal- que son por ahora propiedad provincial. En tercer término, alude al servicio de alumbrado público y señalamiento luminoso.

La semana pasada el intendente envió al Concejo Deliberante un proyecto de creación del «ente municipal de control único de servicios» -Emcus-, el anunciado primer paso para ofrecer un paraguas legal a usuarios-vecinos y prestadores que suple la falta de un marco regulatorio. El ente en cuestión estará conducido por un directorio de tres miembros designados por el Ejecutivo con mandato por cuatro años, con renovación escalonada y sueldos equivalentes al de la defensora del Pueblo, los síndicos y jueces municipales. Con ese ente, la municipalidad podrá también regular la transferencia del EPAS de la provincia al ámbito comunal, algo que es voluntad, también, del gobierno de Jorge Sobisch.

El segundo paso de la estrategia, en el caso de la electricidad, será crear una empresa municipal de servicios públicos a la que se le transferirían las redes de distribución si CALF no remonta su crisis y como resguardo ante una situación desventajosa ante la licitación pública de la concesión que el intendente quiere hacer antes de finales de año.

En la cooperativa hasta ayer no se conocía oficialmente la iniciativa. Por boca de su secretario general Néstor Rody Boras, el consejo de administración reiteró que «no vamos a transferir los bienes de la cooperativa a empresa alguna», aunque subrayó la importancia del futuro ente de control.

El proyecto de Quiroga deberá pasar el tamiz del Concejo, donde Quiroga sólo tiene una minoría transitoria. Voceros del Frente Grande manifestaron objeciones a que el Emcus tenga un estatus similar al de la defensoría del Pueblo o la sindicatura municipal. El ente deberá «determinar su estructura», contratar al personal y efectuar una reunión consultiva con frecuencia mínima semestral con organizaciones de defensa de los usuarios y de las organizaciones prestadoras de servicios públicos.

Aunque en la nota de elevación del proyecto -elaborado por la Consultora PSI-, el intendente menciona también los servicios de gas y teléfono, en el proyecto de ordenanza sólo se mencionan los aludidos y se deja librado al CD para determinar la «inclusión de nuevos servicios públicos».

Boras fue enfático al limitar el territorio: dijo que el organismo de control «llena huecos que la cooperativa no puede suplir, y con eso estamos totalmente de acuerdo» pero ratificó los términos del consejo de administración presidido por Alfonso Carro cuando aseguró que CALF «no transfiere los bienes a empresa alguna».

El proyecto establece los derechos y obligaciones de los usuarios, apela al mecanismo de audiencia pública para zanjar diferendos entre el prestador, el poder concedente y los vecinos, y se refiere al análisis de los regímenes tarifarios para que se apliquen «de conformidad con la ley». El ente se financiará con la tasa de fiscalización y control que los concesionarios abonarán anualmente y por adelantado para cada servicio, los fondos del presupuesto y otros recursos. El proyecto apunta también utilizar el fondo nacional para la energía eléctrica -que se distribuye a las provincias y en Neuquén canaliza sólo el EPEN para subsidiar su tarifa- en la creación de un fondo municipal de compensaciones que permita regular el servicio -subsidiar franjas poblacionales, consumos y promocionar actividades entre otros beneficios-.

Abogada asegura que sólo querían cobrar impuestos adeudados

NEUQUEN (AN)- La abogada Zulma Trabucco, imputada en una causa penal en la que se investiga una presunta maniobra con inmuebles rurales, afirmó que «no estamos frente a maniobra delictiva para obtener ninguna tierra. Lo que se intentó lograr es el cobro del impuesto inmobiliario, adeudado por tiempos inmemoriales, mediante juicio de apremio».

En un escrito entregado a este diario, respondió a la nota publicada el lunes sobre una presunta maniobra con tierras a nombre de José Lamolla. Trabucco señaló que «recién el 6 de mayo de 1997, después de estar el juicio (de apremio por impuestos adeudados) parado por un año, intervine para impulsarlo».

«En los años que precedieron a mi intervención, la responsabilidad del seguimiento era compartida, en distintas etapas, por los siguientes profesionales: Vanina Sobisch, Adalberto Manestar, doctor Zárate, o dicho de otro modo, casi todos los abogados de la fiscalía de Estado», dijo la profesional.

Aseguró que «jamás impulsé el proceso de expropiación» de las tierras. «Sólo encausé en un expediente administrativo la petición de quienes se presentaron en la fiscalía argumentando ser los ocupantes. Elaboré un dictamen donde específicamente manifiesto estar en desacuerdo» con que se recurra a la expropiación «para regularizar asentamientos». «Estaba fuera de mis atribuciones impulsar un proceso expropiatorio, que por otra parte nunca se materializó», dijo Trabucco. «Conclusión: no existe, ni existió declaración de utilidad pública y el inmueble nunca fue expropiado por el Estado».

Trabucco puntualizó que «existe un fallo de la Cámara Penal que deja claro que no media perjuicio al Estado, ni aun existiría perjuicio en el supuesto de haber mediado un juicio expropiatorio y el estado provincial hubiera tenido que indemnizar al actual propietario».

Trabucco también explicó su relación con La Continental Andina, compradora de las tierras, firma de la cual es apoderada. Dijo: «El juzgado civil 2 advirtió que se habían subastado 7.700 hectáreas pero en realidad se habían embargado 2.600. A su vez este error lo motivó el hecho de que en el año 1917 un agrimensor presentó un englobamiento que fue aprobado por la dirección provincial de Catastro, pero no inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble».

«Por tal razón -continuó- para el Registro del Inmueble estaba integrado por dos matrículas y para la Dirección Provincial de Rentas por una, lo que colaboró a gestar la confusión. Ante la posibilidad de que el comprador en subasta planteara alguna acción por daños y perjuicios, ya que había comprado 7.700 hectáreas y se le pretendían trasferir 2.600, me encargué de recopilar toda la información y proporcionarla al juzgado en pos de encontrar una solución. Por eso solicité un poder general para juicio, para lograr la inscripción ante el registro y así se hizo».