Crece el enfrentamiento por las inversiones

El gobierno, apoyado en estudios de instituciones académicas y de organismos de control, insiste en que las empresas herederas de la ex Gas del Estado no cumplieron con las inversiones comprometidas, pese a que las concesionarias aseguran haber destinado desde 1993 a la fecha unos 3.400 millones de dólares más de lo que estaban obligadas.

Una de las fuentes de la posición oficial es la profusa documentación aportada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) al Ministerio de Planificación.

Los técnicos de Flacso asesoraron al ministro Julio de Vido en materia de renegociación de contratos con las concesionarias de servicios públicos, y constataron una «generalizada inobservancia» de los compromisos de inversión.

Los análisis elevados a De Vido aseguran que la reticencia inversora provocó «el consiguiente incumplimiento de los índices y normas de calidad exigidos, del nivel de extensión de la cobertura, de los compromisos de universalización de la expansión de los servicios, etc.»

Flacso confrontó los incumplimientos con el elevado margen de rentabilidad promedio, que en el caso de las empresas de gas fue de aproximadamente el 17% del patrimonio en 1993-99. La ganancia se elevó a más del 38% en el caso de las dos empresas transportistas, y al 11% en las ocho distribuidoras analizadas. «La tasa media de ganancia de estas compañías fue casi tres veces superior a la registrada por el conjunto de las firmas que conforman la elite empresaria del país», calculó Flacso.

Las empresas del sector, agrupadas en Adigas, replican que desde 1993 invirtieron 8.264 millones de dólares, de los cuales 3.218 millones se ligaron al proceso de privatización, ya que se destinaron a la compra de activos. La asociación puntualizó que la inversión obligatoria, de 496 millones de dólares según los respectivos contratos, se cumplió en exceso, ya que se realizaron además obras de infraestructura de carácter voluntario por 3.404 millones y, en forma adicional, se aplicaron 1.146 millones de dólares para gasoductos de exportación en el territorio nacional.

Así, según las empresas, «desde 1994 se terminaron los problemas de suministro en invierno», mientras «la extensión de redes y gasoductos alcanzó a 121.000 kilómetros (tres veces la circunferencia de la Tierra)». Esas cifras, sin embargo, son cuestionadas desde el Gobierno, con base en otro conjunto de estudios sobre el comportamiento de las compañías del sector energético en 1993-2003, realizados por la Auditoría General de la Nación.

Uno de esos análisis asegura que ni siquiera se puede comprobar la veracidad de la información de las compañías, ya que «el procedimiento administrativo utilizado por el ENARGAS para documentar el control y seguimiento de las obligaciones de cada licenciataria resulta confuso a los fines de tomar conocimiento de la situación de la operadora controlada».

La Auditoría comprobó además que las concesionarias incluyeron entre las inversiones «rubros» y «gastos» que deberían haber sido cuestionados, así como también «valores poco razonables», sin que el ente regulador haya «pedido mayores explicaciones y precisiones».

La AGN enjuició, asimismo, las aparentes sobrevaluaciones de materiales y servicios, la inclusión presupuestaria de «gastos generales» no justificados y la falta de «valores unitarios razonables» en las inversiones que las concesionarias aseguran haber realizado en exceso.

(Télam)

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