Crece el rechazo a los subsidios a escuelas privadas

BARILOCHE .- Los acuerdos que estableció el gobierno provincial para subsidiar a varias escuelas privadas aranceladas sigue cosechando rechazos entre muchos docentes y padres, quienes estudian iniciar una demanda judicial para frenar la medida.

Ajenos a la polémica, muchos colegios ya iniciaron sus campañas promocionales ofreciendo la rebaja en las cuotas que les impone el convenio a cambio del subsidio. En los establecimientos consultados dicen que hay muchos interesados pero señalan que todavía «es prematuro» aventurar cuánto incrementarán sus matrículas.

El supuesto de que la fuerte crisis de la educación pública (agravada por el atraso salarial y la retención de servicios) provocaría un éxodo hacia las escuelas privadas todavía no fue más allá de la teoría.

Al parecer correrían en ese sentido las expectativas del CPE, que de otra forma debería afrontar una inversión mucho más onerosa para ampliar la capacidad de recepción de la escuela pública.

El dirigente de Unter Sergio González interpretó que el gobierno avanzó en el tema de los subsidios «sin tener sustento legal» y vaticinó que esa jugada «no va a modificar la falta de bancos» en el sistema estatal. Dijo que el gremio analiza la posibilidad de hacer un planteo judicial para hacer valer la ley que impide al Estado provincial otorgar subvenciones a las escuelas pagas, pero reconoció que «con esta justicia no es para esperanzarse mucho».

Numerosos padres, en tanto, se preparan también para participar hoy del encuentro provincial de Jacobacci, donde -según todo indica- surgirá una fuerte postura crítica hacia el gobierno provincial.

El delegado local del CPE, Daniel Dell'Era, no pudo precisar si los convenios con las escuelas privadas están firmes porque «toda la gestión se llevó a cabo desde Viedma». No obstante, refirió que hasta donde él sabe la erogación de los nuevos subsidios «debería constar en el presupuesto del próximo año», que todavía no está aprobado.

Son al menos tres las escuelas que adoptaron el nuevo régimen y publicitan sus nuevos aranceles, pero ayer «Río Negro» no pudo confirmar si hasta ahora recibieron una mayor demanda.

Guillermo Piantoni, del Dante Alighieri, dijo que «el mayor movimiento apareció en realidad desde que la provincia está con problemas», pero advirtió que hasta febrero próximo no habrá un panorama claro sobre el número de inscripciones. También Mausi Kratzmaier, del Primo Capraro, adujo que la gente «decide qué hacer recién en febrero y no sólo tiene en cuenta las tarifas sino el proyecto educativo».

Otras respuestas reflejaron cierto resquemor de los dueños de establecimientos privados al ser consultado sobre la transferencia de matrícula y el efecto de los subsidios. El rector del colegio San Esteban, Alejandro Besenyi, aseguró no tener conocimiento sobre un aumento de demanda y, pese a ser titular de la entidad que reúne a las escuelas privadas, dijo que sólo haría otras declaraciones si se le permitía revisar la redacción final de esta nota.

Por su parte Steven Cohen, del colegio Woodville, se mostró reticente a formular comentarios por teléfono y sólo dijo que en general no notó hasta ahora una afluencia de alumnos que dejan las escuelas públicas.

Objeciones desde el propio sector

Además del gremio y de un nutrido grupo de padres, la comunidad educativa de la escuela privada independiente Simón Rodríguez planteó sus cuestionamientos. A su vez, docentes y directivos de las escuelas de gestión privada locales -que son gratuitas y tienen unos 1.000 alumnos- recordaron que una ley provincial limita la entrega de aportes estatales a instituciones «que cumplan una función no discriminatoria y que tengan carácter gratuito».

Dijeron que al otorgar subsidios a escuelas aranceladas, el Estado «estaría avalando una educación de primera para un grupo social privilegiado y dejaría en inferioridad a los más pobres, a los que siempre pierden».

La directora de la Simón Rodríguez, Graciela Moyano, indicó que existe una «postura institucional» de la escuela en desacuerdo con los subsidios porque «en una situación límite como ésta, los recursos públicos deben ir dirigidos a la educación pública».

Una de las promotoras de los encuentros de padres, Patricia González Crespo, dijo que reclamarán no sólo una revisión de los subsidios sino también del proceso de descentralización, que «agrava el deterioro de la escuela pública».