Crece la hipótesis de que los dejaron escapar

BUENOS AIRES – Mientras crecen las sospechas sobre la ayuda que habrían recibido los tres presos que lograron escapar de la Alcaidía del Departamento Central a cambio de sobornos, el juez federal Gabriel Cavallo resolvió citar a declaración indagatoria a dos altos jefes policiales puestos en disponibilidad luego de la insólita fuga.

Además, las autoridades no descartan que sean echados otros miembros de la jerarquía policial en el marco de este episodio, uno de los más graves que tuvo que afrontar la Federal en su historia.

Cavallo citó para hoy a quie-nes hasta el lunes fueron director general de Operaciones, Julio Díaz, y jefe del Departamento de Orden Público, Néstor Mola, oficina ésta que tiene a su cargo las guardias oficiales en el Departamento Central.

Estos comisarios fueron pues-tos en disponibilidad el lunes por el jefe de la Federal, Rubén San-tos. La decisión de Santos de separarlos de la fuerza y la inmediata citación a indagatoria de Cavallo hacen pensar en que la fuga pudo haber tenido que ver con una interna policial, no descartaron fuentes allegadas al caso. Esa situación, sumada a un posible pago, habrían sido la clave que determinó la fuga.

Tras analizar la cuestión ayer en la reunión de gabinete, el gobierno insistió por ahora en dar crédito a la posibilidad de que supuestos sobornos hayan permitido concretar la fuga.

Sin embargo, el escándalo fue tan grande que ahora se está analizando quién podría reemplazar a Santos en su puesto si finalmente se decide desplazarlo.

El jefe de la Federal ratificó ayer que no piensa renunciar y aseguró que cuenta con «mucho respaldo» político tanto en el gobierno como en la fuerza que lidera. «Será el presidente (Fernando de la Rúa) quien resolverá mi permanencia o no» dijo.

Pese a ello, el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, aseguró que la Policía Federal abrió sumarios administrativos «a todos» los miembros de la fuerza, «desde el comisario» Santos «hasta el último agente», para determinar responsabilidades en la fuga ocurrida el último domingo.

Hasta anoche, los ciudadanos paraguayos Fidencio Vega Barrios y Luis Alberto Rojas, detenidos por su presunta vinculación con el asesinato del vicepresidente del Paraguay, Luis María Argaña, y el argentino Daniel «Tractorcito» Cabrera, quien fue miembro de la banda de Luis «El Gordo» Valor, seguían sin parecer sin aparecer.

En las primeras horas de ayer hubo cinco allanamientos en las localidades de Beccar y Boulogne, en el norte de la provincia de Buenos Aires, para intentar atrapar a los evadidos, que no dieron resultados positivos. Según revelaron fuentes judiciales a DyN, los datos aportados a la justicia para concretar esos procedimientos fueron brindados por un integrante de la banda de Valor, que fue llevado a última hora del lunes a los tribunales federales. (DyN/Télam)

Evidencias

Una prueba del posible «arreglo» por el que los detenidos pudieron escapar a cambio de una suma de dinero serían los golpes que sufrió el sargento primero Sofío Godoy, quien junto a la ayudante Violeta Locate-lli se encontraba de guardia cuando se concretó la fuga.

El personal del juzgado encontró en tan buen estado a Godoy que ordenó que un médico forense lo revisara.

«Sólo le encontraron un punto de sutura en la oreja y un golpe en el maxilar», indicaron las fuentes. Godoy recién prestó ayer indagatoria en la causa.

En su declaración contradijo al jefe de la Policía Federal y ratificó que, luego de ser golpeado, alcanzó a llamar al Comando Radioeléctrico de la Policía Federal para dar aviso de lo que había pasado. Santos había dicho que el alerta sobre la fuga se dio a través de una radio interna.

Godoy aseguró que llamó al Comando Radioeléctrico desde el teléfono celular que la esposa de Mario Bareiro, detenido por el caso AMIA, se había olvidado el día anterior en la celda. En tanto, la oficial Locatelli, de 41 años y 22 de servicio, también poseía un teléfono celular, pero sólo le quedaban diez segundos de tarjeta. (DyN)

Más vigilancia para el autor confeso

Asunción (EFE)- Un juzgado de Asunción ordenó más vigilancia sobre el autor confeso del asesinato del vicepresidente paraguayo Luis María Argaña, tras la fuga de sus presuntos cómplices de una prisión de Buenos Aires.

El juez Carlos Ortiz, quien sustituye al juez de la causa Jorge Bogarín, elevó una orden a la Policía Nacional, en la que pidió «extremar medidas de seguridad a fin de evitar cualquier intento de fuga de Pablo Vera Esteche».

Vera, recluido en la sede de la Agrupación Especializada (unidad policial de elite) desde octubre, se declaró autor confeso del crimen, perpetrado en marzo de 1999 en un atentado callejero, e involucró en el hecho a Luis Alberto Rojas y Fidencio Vega, ambos con frondosos antecedentes por robo y asalto a mano armada como el primero.

Fuentes judiciales informaron de que la resolución intenta evitar que pueda ocurrir con Vera Esteche lo que se ha registrado con sus presuntos cómplices en Buenos Aires o que atenten contra su vida en la unidad policial.

El jefe de la Agrupación Especializada, comisario Humberto Núñez, afirmó a Radio Cardinal que Vera Esteche está bajo un régimen de fuertes medidas de seguridad y con «otro tratamiento por la delicadeza del caso».

Las declaraciones del autor confeso condujeron a la detención en Argentina de Rojas y Vegas, a quienes Vega Esteche había instado en sus primeras declaraciones a entregarse a la justicia.

Preocupación de dirigentes judíos

BUENOS AIRES (DyN).- Representantes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas concurrieron al Departamento Central de la Policía Federal para interiorizarse del estado de salud de Diego Barreda, el ex oficial de la Policía Bonaerense detenido por la causa AMIA que fue golpeado violentamente durante la fuga de otros tres detenidos.

El ex policía Diego Barreda, quien debe declarar próximamente en el juicio oral por el atentado contra la AMIA, fue agredido con golpes en la cabeza que motivaron que le aplicaran 20 puntos de sutura, cuando los ciudadanos paraguayos Fidencio Vega Barrios y Luis Alberto Rojas, acusados de asesinar al vicepresidente paraguayo Luis María Argaña, se fugaron en la madrugada del domingo junto a otro delincuente, Daniel «Tractorcito» Cabrera.

«Hemos venido a interiorizarnos del estado de salud de uno de los detenidos de la causa AMIA. Nuestro objetivo fundamental tras este desgraciado suceso es llegar al juicio oral con todos los imputados en condiciones de poder prestar sus declaraciones y contribuir al esclarecimiento de la causa», expresó Zaidenber.

Destacó que Santos les había asegurado que «el detenido herido se encuentra bien, lúcido, y que se van a extremar todas las medidas para la protección de la integridad física de todos los que de él dependan».

«Nosotros queremos, fundamentalmente, conservar la vida de uno de los detenidos», añadió en alusión a Barreda, y advirtió que «las personas que se encuentran a disposición del tribunal oral deben ser preservadas a toda costa».

Los representantes de la comunidad judía evitaron, no obstante, referirse a la inesperada fuga de los tres delincuentes.