Crece la polémica luego de la tragedia en el taller textil

Piden investigar la existencia de una asociación ilícita

La polémica desatada tras la trágica muerte de seis personas en un taller textil de Caballito se intensifica con el paso de las horas. Ayer, se supo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentará ante la Justicia un pedido de investigación el lunes próximo «sobre la existencia de una asociación ilícita» destinada a «ingresar ilegalmente al país a ciudadanos bolivianos y reducirlos a la servidumbre», informó el organismo nacional en un comunicado. La presentación, que será efectuada el secretario Eduardo Luis Duhalde, hará mención, además, que acerca «del mismo tema existen denuncias formuladas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires».

Duhalde anunció, además, la creación de un Observatorio de Derechos Humanos relativos a la comunidad de ciudadanos bolivianos residentes en la Argentina, al que se invitará a participar a las organizaciones representativas, a la Embajada de Bolivia y a los Ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo y del Interior.

Mientras tanto, continuaron las acusaciones entre diferentes sectores por la falta de controles que hizo posible la tragedia. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, deslindó responsabilidad de la Policía Federal al señalar que es el Gobierno porteño el que tiene el «poder de policía» para controlar la legalidad de este tipo de establecimientos. «El poder de policía lo tiene o el propio gobierno porteño en lo que respecta a la capacidad de habilitación o la Policía de Trabajo en el marco del análisis de las leyes laborales», afirmó Fernández. El titular de la cartera política destacó que tampoco cuentan «con ninguna prueba» por las que se pueda comprobar el pago de coimas a efectivos policiales de parte de los talleristas, incluido el de la fábrica textil de Luis Viale 1269.

Fernández puntualizó que él mismo instruyó al Jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, para que presente una denuncia penal ante la Justicia para que investigue las denuncias sobre presuntos actos de corrupción policial, en relación con el incendio en el que murieron seis personas, cuatro de ellas menores de edad.

A su vez, la diputada nacional Juliana Marino (Frente para la Victoria), dijo que la ciudad «ejerce el poder de policía del trabajo desde 2003», y replicó así las expresiones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, quien según la legisladora aseguró que ello ocurrirá desde el lunes. «Como ex legisladora porteña he leído con estupor que el jefe de gobierno, ante el trágico suceso del taller textil de Caballito, aseguró que recién desde el lunes, es decir el 3 de abril, el Gobierno de la Ciudad tendrá injerencia en la Policía de Trabajo», dijo Marino en un comunicado. «Desconoce que desde el año 2001, ratificado por la Legislatura el 5 de junio de 2003 mediante la ley Nº 1003, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo con el de la Ciudad reconociendo atribuciones en materia de Policía de Trabajo», agregó. (DyN)


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