Crece tensión con la Corte y ahora van por Fayt

Maniobra K

El kirchnerismo logró renovar, sin objeciones, la conducción de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que quedó en manos de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, referente de La Cámpora, en momentos que el Gobierno nacional mantiene una fuerte controversia con la Corte Suprema de Justicia y busca la destitución de Carlos Fayt, de 97 años, a quien consideran en estado senil.

Desde el bloque oficialista pidieron analizar la situación del longevo ministro de la Corte en una próxima reunión. Pretenden iniciar un proceso para destituirlo de la Corte, por haber firmado desde su casa -según denunció el periodista oficialista Horacio Verbistky- la acordada que ratificó a Ricardo Lorenzetti como presidente del máximo tribunal. En caso de comprobarse esa supuesta acción, a Fayt lo acusarán por el delito de falsedad ideológica de documento público.

En réplica a la ofensiva kirchnerista, diputados del Pro y de la UCR anunciaron que pedirán “el urgente tratamiento” de los juicios políticos presentados contra el vicepresidente Amado Boudou, el canciller Héctor Timerman y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, todos por supuesto “mal desempeño de sus funciones”.

Bajo la excusa de “darle fuerza institucional” a la Comisión de Juicio Político, el kirchnerismo metió un cambio en la presidencia de la misma luego de que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, insistiera con su pedido para que se le practique a Fayt, sobre quien existe un pedido de juicio político, un examen para que “demuestre que está en condiciones” de ejercer el cargo.

Justamente sobre este punto avanzó la diputada ultrakirchnerista María del Carmen Bianchi, quien señaló que “desde hace meses” circula la versión de que el juez “atraviesa condiciones de salud que impedirían el normal cumplimiento de sus funciones”.

A esto se agrega que el Gobierno también busca ampliar el número de integrantes de la Corte antes de diciembre cuando finalizará el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández.

Estas modificaciones coinciden con los cuestionamientos del oficialismo a la continuidad de Ricardo Lorenzetti como presidente del máximo tribunal, quien ayer fue ratificado por el cuerpo. (Ver recuadro)

Frente a esta situación, los diputados Laura Alonso y Pablo Tonelli (ambos Pro) junto a Manuel Garrido (UCR), quienes integran la Comisión de Juicio Político, alertaron que, en principio, el cambio en la presidencia está vinculado con la intención del kirchnerismo de alejar por vía del juicio político a Fayt de la Corte.

Sin embargo, Alonso, quien es vicepresidenta de la comisión, señaló que “este intento del FpV de pedir juicio político contra Fayt es inviable porque no le dan ni los números en el recinto ni los tiempos” al oficialismo.

“Es una abierta presión sobre la Corte Suprema de Justicia que no podemos permitir porque se trata de un poder del Estado que es independiente”, afirmó.

Por su parte, Garrido advirtió que “es lamentable que la presidenta decida avanzar en su guerra contra el principal logro de Néstor Kirchner, que fue tener una Corte independiente”.

(DyN y Redacción Central)