Crecen las trabas para poder importar

PANORAMA NACIONAL

Nuevas medidas desalentarían la compra de productos en el exterior. Aunque para las industrias y los importadores éstas no representen más que otro trámite burocrático, su sola existencia ya agrega incertidumbre adicional a la hora de realizar cualquier programación o planificación. El martes pasado se publicó en el Boletín Oficial la resolución general 3252, que establece que a partir del 1 de febrero los importadores deberán gestionar una declaración jurada anticipada de importación (DJAI) ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El trámite lo deberá realizar el importador en forma directa y previa a la emisión de la nota de pedido, orden de compra o documento similar utilizado para concertar sus operaciones de compra en el exterior y se materializará con la obtención de un número de referencia. Según el artículo cuarto, la AFIP comunicará a los importadores –a través del servicio Mis Operaciones Aduaneras (MOA)– las novedades producidas y, en su caso, las circunstancias que motiven las observaciones formuladas así como el organismo ante el cual deberán comparecer a los fines de su regularización, en caso de corresponder. Dicho número de referencia será exigido por la Aduana (sistema María) al momento de oficializar la destinación definitiva de importación para consumo de la mercadería. En cuanto a los organismos que participarán de este nuevo mecanismo de importación, el artículo 3 de la resolución en cuestión detalla que cualquier organismo podrá adherirse en función de su competencia en la materia, considerando la naturaleza de la mercadería a importar u otras condiciones establecidas por los mismos. El viernes se publicó la adhesión de la Secretaría de Comercio Interior, con lo cual la injerencia de Guillermo Moreno en las decisiones de consumo e inversión de los ciudadanos argentinos sigue expandiéndose. La norma, bastante escueta, deja varios interrogantes. Por ejemplo, no explicita el lapso en el cual deberán expedirse los organismos involucrados, así como tampoco en qué consiste el pronunciamiento. La intervención de un gobierno en la economía no es mala per se; de hecho, es una forma de corregir ciertas fallas en los mercados. Pero adoptar medidas tendientes a regular el volumen de importaciones, por sí mismas no determinarán el resultado del balance comercial. Este también dependerá de cómo evolucionen la salida de capitales, la apreciación cambiaria, la demanda del mercado interno y por ende el nivel de actividad económica. Hasta el momento la principal herramienta con que cuenta el gobierno para administrar el comercio externo es el esquema de las licencias de importación no automáticas. Este mecanismo obliga a los importadores a solicitar autorización para efectuar una operación que involucre alguno de los productos que requieran el OK de la Secretaría de Comercio. Desde que Moreno asumió las funciones de Comercio Exterior el otorgamiento de estas licencias quedó en stand by. Mediante esta medida el gobierno pretendió conservar puestos de trabajo, fundamentalmente en la industria manufacturera, y buscar que las empresas importadoras mejoren su “ecuación” contratando bienes y servicios de origen nacional. Según declaraciones de algunos empresarios, el año pasado tuvieron que esperar hasta seis meses para tramitar un permiso. En estos casos en que la demora es tal, se corre el riesgo de quedar fuera del juego, ya sea por cambios en los precios o porque el producto quedó obsoleto. Sin embargo, la norma que entraría en vigencia a partir del 1 de febrero perseguiría otro propósito que nada tiene que ver con mejorar la productividad y competitividad de las empresas argentinas. En los considerandos de la resolución se destaca la ventaja de establecer un régimen de información anticipada de todos los bienes externos con destino a consumo interno. No cabe duda de que esto facilitaría la tarea de hacer política económica. Adicionalmente a obtener datos, la norma habilita a cualquier organismo a decidir qué mercadería cruza las fronteras y cuál no. Entonces el objetivo parece ser el de asegurar un piso de superávit comercial durante el 2012 superior a los 10.000 millones dólares. Si el superávit comercial evoluciona positivamente no cabría esperar mayores limitaciones por parte del gobierno. Una fuerte intervención gubernamental podría afectar a aquellos sectores que dependen de insumos provenientes del exterior para mantener su nivel de producción y empleo. Otro riesgo posible es que alimente los niveles de inflación, lo cual estará vinculado a cómo se estimule la demanda local. Habrá que esperar la definición de los aspectos formales para ver en qué grado estas nuevas normas afectarán el flujo comercial de Argentina. Por lo pronto, Brasil ya se encuentra analizando medidas.