Crédito para levantar una pesada hipoteca

https://www.rionegro.com.ar/credito-para-levantar-una-pesada-hipoteca-FARN_8091834/

Tomar un crédito a largo plazo para levantar en efectivo y de inmediato una hipoteca con intereses usurarios podría ser una síntesis bastante aproximada del espíritu de la ley ómnibus que el gobierno de Mauricio Macri envió el viernes al Congreso para poner fin al interminable conflicto con los holdouts y reabrir después de años el acceso de la Argentina a los mercados financieros externos a tasas más bajas. Por cierto que la letra no lo plantea en esos términos. Si la ley es aprobada por ambas Cámaras, el Ministerio de Hacienda y Finanzas deberá colocar para conseguir ese propósito un bono por 11.684 millones de dólares a licitar antes del 14 de abril, que es la fecha pactada en el juzgado de Thomas Griesa (aunque puede ser prorrogada un mes de común acuerdo entre las partes). Dicho monto será transferido a los fondos que ganaron el juicio en los tribunales de Nueva York, así como a otros que fueron sumados posteriormente (“me too”), contra la entrega de los títulos en default desde hace casi quince años, que implican un descuento promedio de 27% sobre el monto de las sentencias. Los nuevos títulos volverán a emitirse bajo legislación neoyorquina para reducir el costo financiero. A partir de ese punto final, el gobierno nacional y varios provinciales estarán en condiciones de emitir más deuda en los mercados internacionales. En el primer caso, aquella cifra podría sumar otros 3.000 millones para cancelar los pagos a los bonistas que aceptaron los canjes y en el 2014 fueron bloqueados por el fallo de Griesa (que aún se computan dentro de las reservas del Banco Central) más 8.000 millones adicionales si se incluyeran, además, los vencimientos externos de este año. Y elevarse aún más para financiar obras de infraestructura a largo plazo y/o cubrir el déficit de caja del Tesoro Nacional. Según la proyección del Palacio de Hacienda, el total de crédito externo previsto para el 2016 se ubicaría cerca de 30.000 millones de dólares, aunque algunas estimaciones privadas (Estudio Broda) lo aproximan a 40.000 millones, según las condiciones de los mercados. Se supone que el costo será inferior al de las últimas y escasas colocaciones argentinas (9/9,5% anual en dólares) y se ubicaría inicialmente en torno de 7/7,5%; o sea muy por encima del que pagan otros países vecinos (de 4 a 5%) como Chile, Bolivia y Uruguay. Este dato dependerá del resultado de la votación en el Congreso y de la nueva calificación de riesgo crediticio que reciba la Argentina. Según reveló el ministro Alfonso Prat Gay, los plazos de las distintas series de bonos serían de cinco, diez y treinta años. No se descarta que en sucesivas etapas la tasa pueda bajar al 6% y luego al 4% anual. En principio, la idea de la Casa Rosada era enviar al Congreso cuatro proyectos para derogar a través de cada uno las leyes Cerrojo y de Pago Soberano (que impiden mejorar la oferta a los acreedores de la deuda), convalidar la propuesta argentina que ya fue aceptada por el 85% de los holdouts (incluyendo a los fondos buitre más duros, como NML y Aurelius) y aprobar el nuevo endeudamiento externo del sector público para cumplirla. Pero a fin de abreviar el trámite legislativo, fueron consolidados en un único texto legal, que el viernes último ingresó a las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ya tiene asegurado el quórum. El duro cruce que mantuvieron allí el ministro Prat Gay y su antecesor Axel Kicillof acaparó la atención de todos los medios. Sin embargo, los argumentos de uno y otro revelaron la enorme diferencia conceptual que separa en esta cuestión a Cambiemos del kirchnerismo duro (hoy en minoría en la cámara baja tras la decisión de 15 diputados del FpV de formar un bloque propio, más dialoguista). Kicillof demostró mantener la misma postura que cuando era ministro. Sostuvo que el acuerdo con los holdouts fue hecho de apuro para beneficiar a los fondos buitre, a los que acusó de extorsionar al país para cobrar diez veces más por bono (aun con descuento de intereses) que el 93% de los bonistas que aceptaron los canjes del 2005 y el 2010. También insistió en la vía de las Naciones Unidas para presionar a la Justicia de EE. UU. y hasta cuestionó si colocar deuda externa no implica como contrapartida una mayor emisión de pesos, que el gobierno de Macri busca frenar. Palabras más o menos, su posición sería dejar todo como está y batallar a contramano del mundo, aunque el default parcial frene inversiones externas u obligue a un ajuste fiscal más duro por falta de financiamiento. En su réplica, Prat Gay volvió a acusarlo (al igual que cuando era diputado en el 2014) de haber acordado el pago en bonos del 100% de la deuda pendiente con el Club de París, sin siquiera negociar una quita de los intereses punitorios, y también por haber hecho lo mismo con el pago a Repsol por la reestatización del 51% de YPF. En la práctica, el acuerdo con el Club de París no tuvo ningún efecto, ya que el financiamiento de inversiones de países desarrollados que se buscó reabrir quedó neutralizado por el default selectivo de la deuda que se produjo semanas mas tarde. No obstante, los argumentos de Kicillof son rebatibles por otros motivos, que incluso comparten especialistas ajenos al espacio político del oficialismo. Desde el punto de vista jurídico, porque parten de una base engañosa: el exministro y actual diputado sostiene que por una resolución declarativa apoyada por la mayoría de los países de la ONU (pero que no incluye precisamente a los países desarrollados acreedores) se podría modificar un fallo dictado en la misma jurisdicción que el gobierno K eligió en el 2005 para resolver los pleitos judiciales por la reestructuración de la deuda y fue mantenido en firme por la Corte Suprema de EE. UU. Desde el punto de vista financiero, porque la consigna “Patria o buitres” significó un enorme costo para el país. Prat Gay precisó en el Congreso que haber ignorado durante años la situación de los holdouts y posteriormente el fallo de Griesa, como lo hizo el gobierno de Cristina Kirchner, elevó el monto de la sentencia original de 3.800 millones a 11.800 millones de dólares; o sea una diferencia de nada menos que 8.000 millones. Este incremento obedece no sólo a la incorporación de los “me too” a los alcances de la sentencia, sino a los desmesurados intereses punitorios que fijó el tribunal para forzar a la Argentina a regularizar su situación. Así se puso en marcha un taxímetro que benefició a los fondos buitre cuanto más se dilataba un acuerdo. “Parecería que Kicillof hubiera sido empleado de ellos”, ironizó Aldo Pignanelli, uno de los referentes económicos de Sergio Massa. Otro expresidente del BCRA, Mario Blejer, que asesoró a Daniel Scioli durante la campaña electoral, también refutó la tesis de Kicillof sobre la emisión monetaria que significaría colocar deuda externa para cerrar el capítulo del default. “Una cosa es conseguir financiamiento genuino a largo plazo para cancelar obligaciones externas y otra muy distinta el uso directo de reservas escasas y la emisión de pesos sin respaldo”, sentenció. Como tantas veces en el pasado, la economía argentina volvió a un punto donde no parecen abundar las opciones para dejar atrás el politizado default parcial del 2014 y reinsertar al país en los flujos de financiamiento e inversión externa, aun con un mundo mucho más complicado. Después de la abundante retórica kirchnerista de los últimos años, la realidad corrobora la validez de aquel antiguo axioma español según el cual más vale un mal arreglo que un buen pleito.

Néstor Scibona nestorscibona@gmail.com Especial para “Río Negro”