Crimen de Matías Casas: fiscalía y querella impugnaron fallo ante el TSJ
Se trata de la resolución que cambió la calificación por la que el policía Héctor Méndez fue condenado por un jurado popular y le quitó el abuso funcional.
JUDICIALES
La fiscalía y la querella interpusieron este miércoles (17/12) un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia contra la resolución que cambió la calificación por la que el policía Héctor Méndez fue condenado por un jurado popular por el asesinato de Matías Casas.
El fiscal general José Gérez mencionó que la decisión de los jueces del Tribunal de Impugnación, que quitaron el agravante del abuso funcional, fue “arbitraria” y que se “extralimitó en el control jurisdiccional de la decisión del Jurado Popular”.
Gérez indicó que la decisión del Tribunal de Impugnación “resulta arbitraria por extralimitarse en el control jurisdiccional de la decisión del Jurado Popular al modificar sustancialmente un veredicto unánime arribado de conformidad a las normas procesales que regulan la deliberación y el veredicto”. Y consignó que “el fallo, además, parece desconocer que la potestad del jurado proviene del principio de soberanía popular; resulta de suma importancia que los jueces técnicos al momento de ejercer el control jurisdiccional sean cuidadosos de no entrometerse en las decisiones de los jurados populares a fin de no desvirtuar la esencia del instituto”.
Señaló que “cuando un Policía en forma intencional da muerte a una persona con su arma reglamentaria, sólo lo puede hacer de dos maneras: en el ejercicio de un deber, quedando su conducta amparada en el artículo 34 del inc. 4° del Código Penal (No son punibles: 4. El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo) o abusando de su función o cargo, quedando su conducta atrapada en el artículo 80 inc. 9° del Código Penal”.
También sostuvo que “el policía puede acceder al arma en cualquier momento y sin cuestionamientos, incluso el hecho de estar de licencia no obliga al agente a entregar el arma en consignación mientras dura la misma. Es evidente que el policía se encuentra en una situación de privilegio respecto del ciudadano común, por ello el reproche penal debe ser mayor”.
En tanto la abogada querellante Ivana Dal Bianco planteó: “queremos que el Tribunal Superior de justicia reconozca que es un caso de gatillo fácil en que el Estado tiene responsabilidad porque cuando un policía mata utilizando su arma reglamentaria, lo hace producto de una política de represión a la juventud”.
Su par Mariano Pedrero agregó: “presentamos este recurso convencidos que debe respetarse la decisión unánime del jurado popular. Impusieron una reforma procesal con el argumento de la democratización de la justicia, pero resulta que cuando se juzga a la institución Policial se habilitan resortes para garantizar la impunidad y con argumentos monárquicos, tres jueces profesionales encerrados entre cuatro paredes, subestiman la decisión de libre y unánime de doce personas.”
En agosto pasado, el policía había sido condenado al delito de prisión perpetua. De mantenerse firme la resolución del Tribunal de Impugnación, le tendrían que imponer una pena menor.
Agencia Neuquén.-
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