Crisis en Ramos Mexía: suspendieron por 60 días al intendente Colil

Ramos Mexia afronta una crisis institucional. El Concejo Deliberante -donde Juntos tiene mayoría- suspendió por 60 días al intendente, Patricio Colil, de extracción del FpV.

El jefe comunal desconoce esa decisión legislativa, formalizada la semana pasada, pero hoy -según trascendió- la presidenta del Concejo, Yanina Guzman, concurriría a la sede gubernamental para asumir provisoriamente el gobierno local.

Colil asistió normalmente ayer al municipio, acompañado por vecinos y dirigentes, entre ellos, el presidente del bloque de legisladores del FpV, Alejandro Marinao.

El parlamentario abrió la mirada del conflicto e involucró indirectamente a la gestión rionegrina al plantear que “llama la atención que los concejales, que responden al gobierno provincial, no se preocuparon” por “los embargos” y “manejos irregulares” de la gestión anterior, en referencia al gobierno Javier Gimenez, de Juntos.

El Concejo se integra con dos ediles de Juntos (Guzman y Alberto Esandi) y uno del FpV (Ramiro Huinca). Esa mayoría opositora, también, se repite en el Tribunal de Cuentas, que encabeza Mirtha Colihuinca.

Ambos cuerpos ratificaron las conclusiones de una auditoría que contrataron al Estudio Larrañaga-Rueda y Asociados.

Según la información legislativa, ese trabajo “arrojó datos muy preocupantes”, como “falta de comprobantes y rendiciones” por más de 22 millones y “mucha documentación que carecen de documentación respaldatoria, mencionando la emisión de más de 1.064 cheques sin comprobantes, autorización, intervención del Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante, careciendo de todo tipo de instrumentación del gasto, norma de excepción y facultades extraordinarias para ello”.

El Concejo acusó a Colil de “grave incumplimiento de funcionario público” y además indicó que “se presume que existió dolo y múltiples actuaciones de administración fraudulenta”, por lo cual lo suspendió por 60 días para cumplir con “un profundo control institucional” y las correspondientes investigaciones.

Esa oposición resaltó haber sido “extremadamente pacientes” y recordó que el intendente “excluyó sistemáticamente” al Concejo y al Tribunal, “negándoles todo tipo de información” y, al final, explica el pedido de una auditoría general por “nuestros deberes y obligaciones”.

En el análisis de la situación hay que recordar otro dato de contexto determinante: Colil ganó en el 2015 por tres votos al intendente Javier Giménez, de origen peronista pero que participaba por Juntos. El escrutinio llegó al STJ ya que la lista perdedora pretendía volver a votar en una de las tres mesas habilitadas. Desde el inicio de su gestión, el nuevo jefe comunal -conjuntamente con el concejal Huinca- no ahorró denuncias contra su antecesor, incluso penales por irregularidades en su administración. En recientes declaraciones, Giménez deja en claro que vive su contraofensiva con los últimos sucesos en Ramos Mexía.

“Hay puntos de la Carta Orgánica que quizás se obviaron, pero no revisten gravedad al proceso financiero y administrativo de la municipalidad”.

Patricio Colil, intendente de Ramos Mexía por el FpV.

También desplazaron a otros cuatro funcionarios

Además del intendente, también fueron separados de sus cargos los secretarios de Gobierno, de Desarrollo Social, la Tesorera y el responsable del área de Hacienda, integrantes del gabinete municipal.

Ante esta situación, la semana pasada un numeroso grupo de vecinos se manifestó por las calles de la localidad de la Región Sur en defensa del suspendido jefe comunal.

“Están los balances y las hojas del banco”

“Hay puntos de la Carta Orgánica que quizás se obviaron, pero no revisten gravedad al proceso financiero y administrativo de la municipalidad. Me cuestionan algunas notas que por ahí no le contesté al Concejo Municipal, o algunas contrataciones en comedores escolares, pero nosotros buscamos un mejor precio dentro y fuera de la población”, argumentó el intendente Colil en declaraciones a Canal 10.

Sobre los cargos que se le imputan, dijo que “yo no puedo llamarlo irregularidades, no son argumentos para destituir a un intendente. Hicieron mucho hincapié en una auditoría del período del 30-12-15 al 30-6-16 donde no se presentaban las rendiciones respaldatorias, pero sí estaban los balances y las hojas de banco y rentas generales, por eso digo que está todo muy politizado”.