Crisis policial: una propuesta republicana

El secuestro y posterior asesinato del oficial Lucas Muñoz en San Carlos de Bariloche ha puesto una vez más sobre la mesa las dudas de la sociedad acerca de las conductas de sectores de la Policía de Río Negro. Hay indicios y serias y fundadas sospechas de la participación de miembros de nuestra fuerza policial en este trágico hecho. Hasta el mismo gobernador se ha referido a esa situación.

Es comprensible que desde sectores de la oposición parlamentaria se reclame la interpelación del ministro de Seguridad y la creación de una comisión de seguimiento del caso, pero desde el Frente Progresista consideramos que no es suficiente y que no contribuye en forma determinante a la solución de fondo que necesita nuestra sociedad. Tampoco lo podremos resolver con maquillajes menores al área de Asuntos Internos como propuso el oficialismo. En nuestra opinión es urgente e indispensable efectuar cambios profundos en nuestro sistema policial.

La Policía es una institución auxiliar de la Justicia a la que le otorgamos el monopolio del uso de la fuerza y las armas. Otorgar semejante poder implica necesariamente el uso prudente, honesto y responsable del mismo y solamente a los efectos de la protección ciudadana. Una facultad tan grande también conlleva la responsabilidad de “rendir cuentas” de su uso.

La Policía es una fuerza civil, pero sin embargo está estructurada “a imagen y semejanza” de las fuerzas militares. Basta ver su normativa, su metodología de formación y capacitación, sus rituales y sus usos y costumbres para comprender esto. Incluso sus integrantes hablan de “los civiles” como si ellos no lo fueran. Posiblemente los muchos años de autoritarismo militar han acentuado esta deformación y hasta la han naturalizado. Esta “desviación” castrense se verifica en el carácter cerrado, autorregulado y autocontrolado de la fuerza y en el verticalismo absoluto que impregna toda su vida más allá de las lógicas necesidades operativas, desvirtuando su esencia y derivando en discrecionalidad y arbitrariedad. En treinta y dos años de democracia no hemos podido dar un perfil civil a nuestra fuerza policial. Esta característica de organización cerrada genera a su vez opacidad, falta de transparencia y acentúa el sentimiento corporativo confundiendo el concepto de pertenencia, lealtades y solidaridad entre sus integrantes, hasta extremos incompatibles con el funcionamiento republicano. Ese corporativismo unido a la absoluta verticalidad se evidencia en los “códigos” de silencio que lesionan seriamente la vida interna y son caldo de cultivo para la corrupción y los excesos y abusos de poder. El buen policía que denuncia cumpliendo con su deber para con la ley y la sociedad es considerado un traidor y puede sufrir represalias en su carrera sin posibilidades de defensa.

El crimen organizado, en especial el narcotráfico y la trata de personas, necesita, para poder asentarse en un territorio, lograr la complicidad de integrantes de la fuerza policial, del poder político y del judicial y los inmensos montos de dinero que manejan estas organizaciones delictivas le otorgan un gran poder corruptor. Es justo reconocer que los ejemplos de corrupción gubernamental y política y los intentos de utilización partidaria de la fuerza policial abonan ese clima y hasta en ocasiones crean situaciones de connivencia y complicidad.

También asistimos en los últimos tiempos a numerosos casos de abuso de poder y violaciones a los derechos humanos por parte de efectivos policiales y casi siempre estos hechos tienen además un alto contenido de prejuicio y discriminación, dirigiéndose principalmente a los jóvenes y humildes.

La multiplicidad, el aumento de frecuencia y la distribución territorial de hechos en que están, o parecen estar, comprometidos miembros de la Policía de Río Negro excede la posibilidad lógica de incidentes individuales y excepcionales y obliga a sospechar de la existencia de matrices de corrupción y autoritarismo que hasta no hace demasiado tiempo no existían en nuestra fuerza policial. La relación entre la policía y la sociedad debe necesariamente afirmarse sobre un vínculo de confianza que hoy se encuentra, si no quebrado, por lo menos seriamente dañado. No dudamos que la mayoría de nuestros efectivos policiales son honestos y se sienten avergonzados e injustamente sospechados, pero poco pueden hacer por si mismos para recuperar el prestigio de la fuerza. La magnitud del problema no da lugar a posibilidades de “autodepuración”.

Es necesario remover las características institucionales que favorecen las posibilidades de corrupción y abuso. Es imprescindible echar luz sobre la vida “interna” policial para transformar la opacidad en claridad. Es necesario “abrir” la institución y participar en ella en forma activa. Es urgente que los distintos poderes del Estado generen condiciones que permitan quebrar el círculo vicioso del silencio. Es indispensable “liberar” a los buenos policías de la imposición de vínculos corporativos que rozan la complicidad forzada.

Con la legisladora Daniela Agostino hemos presentado un proyecto de ley que propone la creación de la auditoria general independiente de la Policía de Río Negro. Estamos convencidos de que se hace imprescindible un profundo cambio cultural y que la creación de un organismo de control externo de la fuerza policial que sea independiente de la misma y del Poder Ejecutivo provincial, como existe en muchos países, es uno de los pasos positivos en ese sentido.

Proponemos que ese organismo funcione a los efectos administrativos en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y que sea conducido por un auditor, que no sea ni haya sido miembro de la Policía de Río Negro, designado por cinco años por la Legislatura provincial con mayoría especial luego de un concurso sustanciado por la Comisión Interpoderes de Seguridad. Nuestro proyecto contempla que ese auditor pueda designar a sus colaboradores, tenga amplias facultades de investigación, pueda proponer sanciones, hacer denuncias penales y efectuar recomendaciones de políticas públicas referidas al funcionamiento de la Policía de Río Negro informando periódicamente a la Comisión Interpoderes de Seguridad y a la Legislatura provincial.

Somos plenamente conscientes de que estamos impulsando una reforma que es muy profunda y aspiramos a que sea comprendida y acompañada principalmente por la ciudadanía y en particular por los muchos buenos policías rionegrinos que están siendo perjudicados gravemente por sus malos “compañeros”.

Esperamos que el oficialismo permita que este proyecto pueda ser debatido y no quede en un cajón, como otras iniciativas tales como la sindicalización policial y la emergencia pública en seguridad, porque es momento de tener la más alta responsabilidad política en un tema muy grave.

*Legislador por el Frente Progresista

El buen policía que denuncia cumpliendo con su deber es considerado un traidor y puede sufrir represalias, sin posibilidades de defensa.

No dudamos de que la mayoría de nuestros policías son honestos e injustamente sospechados, pero poco pueden hacer por sí mismos para recuperar el prestigio de la fuerza.