«Cristina Fernández no alienta el diálogo ni un acuerdo con el campo»





Difícil resulta sintetizar en pocas líneas los complejos fenómenos por los que transita nuestro país. A pesar de ello trataré de expresar mi opinión lo más breve y concretamente posible.

Después de casi cien días de iniciado el conflicto de intereses entre el gobierno nacional y el sector agropecuario ya pocos recuerdan que CFK inició su gestión con una inflación superior al dos por ciento mensual y una persistente puja salarial por esa causa. Se presentaban un creciente desabastecimiento en algunos alimentos básicos como azúcar, aceite, leche y harina y restricciones en la comercialización de carne vacuna. Ya existían problemas de provisión de energía en general -especialmente de combustibles líquidos- y graves denuncias de corrupción heredadas y propias.

También se manifestaban presiones de las concesionarias de las empresas estatales privatizadas para la rediscusión de las tarifas de los servicios públicos, además de un creciente déficit del presupuesto nacional debido al permanente incremento del gasto público a pesar del incesante aumento de la recaudación interna empujada por la inflación y por los ingresos a través de las exportaciones, especialmente agropecuarias.

Ante este panorama y en lo que entiendo fue una medida tendiente a solucionar problemas de caja de la Nación, el Ministerio de Economía modificó los índices de las retenciones a las exportaciones, impuesto a los derechos de aduana que no se coparticipa a las provincias e índice que el Congreso nacional no establece por ley.

La reacción inmediata del sector agropecuario ante la medida confiscatoria consistió en, primero, cortes de ruta y la no comercialización de carnes y granos, limitada después sólo a los últimos. Luego de tomada la medida económica, el gobierno nacional salió a explicarla aduciendo que la impulsaba para desalentar la sojización -cuando la misma había sido promovida y usufructuada durante los años de gestión de NK- y más tarde se agregó que serviría para sustentar políticas sociales -ya determinadas y dudosamente puestas en marcha con los índices de retención establecidos anteriormente.

No voy a detallar las idas y venidas en las negociaciones casi nulas entre el gobierno y el sector agropecuario, sólo que la falta de acuerdo dio como resultado la paralización del país con más inflación, más desabastecimiento y más incertidumbre sobre el futuro económico, político e institucional de la Argentina.

Luego de 98 días de tensión e inmovilidad, el gobierno nacional dio un vuelco en su estrategia de confrontación: envió el decreto presidencial que instauró las retenciones móviles al Congreso para su ratificación. Si bien esta decisión le brinda un poco de aire al sector agropecuario, que ya estaba encerrado en su propia medida, indudablemente CFK no alienta el diálogo ni un acuerdo con el campo. Además de desviar al Legislativo la resolución de un conflicto desatado por una medida suya, CFK lo jaquea para poner a prueba la lealtad de su propia mayoría y de sus aliados políticos.

Va a ser muy difícil que los ruralistas consigan una rectificación del decreto presidencial pues bien es sabido que las bancas responden más a los partidos que a la ciudadanía, situación que posiblemente cree una nueva fractura entre los partidos políticos y la sociedad.

Resulta preocupante la forma en que el gobierno nacional y sus voceros se han ocupado de demonizar a los que piensan diferente, ya sean dirigentes sociales o políticos o -inclusive- los medios de prensa, a los que considera como encarnizados opositores. Asombrosamente, se descalifica el derecho de expresión de la ciudadanía con epitafios desafortunados como «que hagan un partido y ganen las elecciones si quieren cambiar el modelo», desnaturalizando lo que debería ser una verdadera democracia participativa e inclusive el concepto movimientista del pensamiento político al que dicen pertenecer.

 

Julio A. Padrón Hernández, DNI 13.531.494 

Roca


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