Critican la ingeniería financiera de Chihuido II

NEUQUEN (AN).- El diputado provincial mendocino Ricardo Puga desató ayer una espiral de denuncias que aterrizó en Neuquén. Puga afirmó que, en la construcción del dique Potrerillos, la sociedad constituida por las empresas Pescarmona y Cartellone, asociadas con el Estado mendocino, se produjo un «presunto vaciamiento» en perjuicio de la provincia y que la ingeniería financiera de la obra «es similar» a la que se pretende utilizar para Chihuido II.

Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA, Impsa, aguarda que la Legislatura neuquina apruebe el proyecto de aprovechamiento multipropósito Chihuido II -una represa hidroeléctrica sobre el río Neuquén, riego en 7 mil hectáreas y desarrollo agroindustrial-. Si la iniciativa se sanciona, el Estado neuquino deberá aportar 129 millones de dólares y 107 millones más la Nación. La empresa contribuiría con otros 100 millones a cambio de un régimen especial de exenciones y promociones fiscales.

Puga asumió en la Legislatura de Mendoza 1999 de la mano del Partido Fiscal, liderado por el también diputado Aldo Giordano, luego pasó al partido FORJA y desde ayer constituye un monobloque. En una comunicación telefónica, el legislador dijo que llevó su denuncia contra el tándem Pescarmona-Cartellone, que incluye al ex gobernador mendocino e integrante del «grupo Talcahuano», el justicialista Arturo Lafalla, al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Puga sabía que Parrilli había relativizado la premura neuquina con Chihuido II al considerar que la obra no era prioritaria en esta

primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner.

Voceros oficiosos de la empresa descartaron absolutamente cualquier similitud con el caso mendocino, puntualizaron el carácter minoritario de la participación de Impsa en Potrerillos e indicaron que la primera oferta presentada por Impsa al gobierno neuquino era un contrato tradicional que requería una inversión pública de 7 millones de pesos-dólares cada seis meses durante 28 años. Esa iniciativa fue modificada, indicó la fuente, por pedido «expreso» del gobernador Jorge Sobisch, y así se incluyeron el canal de riego y el posterior desarrollo agroindustrial.

El diario Uno de Mendoza, en su edición de ayer, publicó la denuncia de Puga, quien aludió a una «triangulación escandalosa» mediante la cual la provincia quedó en desventaja en Cemppsa, la empresa creada para construir el dique Potrerillos y donde Cartellone tiene el 70% del capital y Pescarmona el 30%. La provincia tiene ac

ciones clase A, que valen un voto, pese a que aportó tres centrales eléctricas -Cacheuta, Alvarez Condarco y Carrizal- que fueron entregadas a Cartellone y Pescarmona que a su vez las entregaron a Cemppsa como aporte de capital, valuadas en 36,4 millones de pesos.

Pese a ese aporte estatal, las acciones de las firmas privadas -clases B a D- equivalen a cuatro votos, con lo cual la provincia queda en franca minoría. Además, allá Cartellone y Pescarmona son socias pese a que en Neuquén compiten con las dos versiones de Chihuido y tienen «otros negocios en conjunto».

Ese esquema, conjeturó Puga, «se repetirá en Neuquén» porque la empresaconcesionaria «necesita una intermediaria para eludir» el pago deciertos impuestos.

El diputado mendocino recordó que esa obra adolece de un problema derivado de la falta de estudios geológicos. En septiembre del año pasado, el ministerio de Ambiente y Obras Públicas de Mendoza determinó que el embalse no podía llenarse por completo sin un terraplén al pie de la presa por una supuesta inestabilidad para resistir un sismo máximo por la hipotética presencia de arenas finas o limos licuables a una profundidad de 25 metrosde la superficie.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Antisísmico de San Juan, dijo Puga, pero ese dictamen fue rechazado por informes de consultoras internacionales. En declaraciones periodísticas difundidas en Buenos Aires, el gerente general de Cemppsa, Antonio Torre, calificó la acusación de Puga de «falaz» y el ex gobernador Lafalla, puso sus «manos en el fuego» por el acuerdo firmado durante su gestión.