Críticas a la desfederalización del combate a las drogas

BUENOS AIRES (ABA) . – En medio de una nueva crisis de seguridad en la provincia de Buenos Aires su gobernador, Felipe Solá, obtuvo de parte del Senado de la Nación la media sanción de un proyecto de ley que despierta fuertes controversias. La desfederalización de las investigaciones referentes al menudeo de la droga está presentada por la administración política de La Plata -y una decena de intendentes del conurbano-, como la herramienta necesaria para bajar los altos índices delictivos.

La presión se hizo sentir ante la nueva ola de secuestros que colocaron al ministro de Seguridad, León Arslanián, otra vez en el ojo de la tormenta.

El gobierno Nacional sigue con escepticismo la posibilidad de que esta ley mejore las condiciones de seguridad, pero prefirieron bajar la orden a sus legisladores de no poner obstáculos a la iniciativa para facilitarle la gobernabilidad a Solá.

Llamó la atención que fuera el ministro de interior, Aníbal Fernández, el único del gabinete que habló a favor públicamente mientras que la primera dama Cristina Kirchner se ausentó a la hora de votar el proyecto en el Senado.

En tanto, la pregunta que jueces, abogados y especialistas en el tema narcotráfico se hacen es ¿qué garantías hay de que a partir de dividir las tareas de decomiso entre el ámbito Federal y provincial, se obtengan mejores resultados? ¿No será en todo caso una forma de habilitar «cajas » entre los policías corruptos?

Voces autorizadas alertan sobre un posible conflicto de competencias que se abrirá, más teniendo en cuenta la zona gris que deja planteada esta reforma de la ley de estupefacientes 23.737 en la que el proyecto votado en el senado no estipula un parámetro de tenencia de droga para determinar la jurisprudencia. Se deja explícito que intervendrá el fuero provincial cuando se trate de droga «destinada directamente al consumo».

El fiscal federal Carlos Cearras opinó que «en un país normal la futura ley sería positiva pero en la argentina va a generar fuertes conflictos de competencias».

También consideró que «se tienen que instrumentar potentes controles sobre los altos niveles de corrupción policial».

Sobre la falta de efectividad en el combate al narcotráfico puso como ejemplo lo que sucede en una ciudad capital como Buenos Aires en la que transitan diariamente 10 millones de personas. Cearras puso como ejemplo que en 15 días de turno en su competencia «sólo se secuestran 3 kilos de cocaína y marihuana, y que con cinco años de competencia sólo le llegó

una causa grande en la que intervino la DEA».

«Yo no tengo que agarrar narcotraficantes en la calle, es la policía la que debe hacer ese trabajo», aclaró.

¿Y los «peces gordos»?

Uno podría trazar conclusiones, nada antojadizas, sobre lo que actualmente pasa en este sentido en distritos del conurbano, en los que manda la corrupción política y policial.

La jueza del Tribunal Oral del partido de San Martín, Lucila Larramdart, reforzó las dudas sobre la practicidad de la reforma, al afirmar que «los policías no van a saber que hacer en el lugar de los procedimientos » y evaluó que en estos casos lo peor que se puede hacer es dividir las funciones.

La jueza explicó que la justicia provincial está atestada de causas y sumarle la persecución del narcotráfico sería «agregarle otro problema».

Con la ley de estupefacientes vigente se proveyó al Estado de mas herramientas tales como testigos protegidos o agentes encubiertos ; sin embargo el tráfico de droga creció sensiblemente.

Coincide con esta problemática, que los juzgados están atiborrados de causas menores ya que no ingresan casos de «peces gordos». Además puntualizan que la justicia provincial no cuenta con la infraestructura, ya que antes deberían construirse mas cárceles.

El tráfico de droga tiene como pena mínima cuatro años de cárcel efectiva. Estadísticas del ministerio de justicia de la Provincia de Buenos Aires indican que un 55% de los detenidos en el sistema penitenciario tienen relación con la droga: Lomas de Zamora , Morón , San Martín y La Matanza encabezan la lista de trafico.

Felipe Solá disparó -para empujar la desfederalización de la lucha contra la droga- que el país hace rato dejó de ser sólo de transito.

Una primera lectura de este sinceramiento brutal puede verse como una suerte de puñalada en la espalda del mandamás provincial Eduardo Duhalde, quien mantiene su fuerte injerencia distrital, al menos en los últimos veinte años.

Sin embargo, la pelea actual de darle más juego propio a la justicia y policía provincial los encuentra unidos.

Horacio Caride