Croceri deja las empresas públicas y va al Patagonia

El funcionario reemplazará a Carlos Bravo. De este modo, Saiz designa a un hombre de máxima confianza en el agente financiero. Los pliegos de la licitación para la renovación del contrato serán aprobados en la Legislatura en abril.

VIEDMA (AV).- Alberto Croceri –actual secretario de Empresas Públicas– será el nuevo director provincial en el Banco Patagonia SA, entidad en la que reemplazará a Carlos Bravo.

Mientras tanto, la Legislatura entre abril y mayo aprobará los pliegos de la licitación para contratar al agente financiero provincial por otros 10 años. El bloque oficialista se circunscribe –cada vez más– al proyecto del Poder Ejecutivo, mientras la oposición sigue sumando cambios.

Simultáneamente, el gobernador Miguel Saiz resolvió el recambio en el Banco Patagonia SA, asignando a Croceri el cargo de director que pertenece a un representante de la provincia por su paquete accionario. La decisión responde a dos razones objetivas: el cuestionamiento gubernamental a la gestión de Bravo y la determinación de Croceri de abandonar la secretaría de Estado de Empresas Públicas.

Esta cartera –integrada al gabinete– fue creada especialmente para Croceri al asumir Saiz con el objetivo de ordenar y alinear a las empresas a la política del gobernador. El contador –que siempre anunció su renuncia para marzo de 2006– abandona el área con un balance muy inferior a las expectativas generadas con su incorporación hace más de dos años. El contador logró algún que otro ordenamiento técnico en las empresas públicas, pero políticamente no consolidó en poder real su relación personal y el reconocimiento que le dispensa el gobernador. Ahora, Saiz le asignará la representación de la provincia en el directorio del Banco Patagonia SA.

Algunos directores del banco alertaron que Croceri no podía asumir esa función ya que existe un impedimento del Banco Central para quienes tienen un cargo público en un plazo menor a los dos años de la asunción a la función bancaria. Croceri tiene la interpretación del gobierno rionegrino: la incompatibilidad se ajusta a cargos públicos en función que se relacionen al banco. No sería este caso.

Además, en lo político, Bravo es un hombre del ex ministro José Luis Rodríguez –que hoy constituye el frente alternativo al proyecto de Saiz– y, además, el todavía director bancario no oculta una relación estrecha con el diputado Julio Arriaga. Al margen de esas lealtades, el papel de Bravo fue deficiente. Los presentes en su informe en Labor Parlamentaria coincidieron en que expuso un alto grado de desconocimiento de las acciones del banco y agente financiero de Río Negro. Algunos se lo atribuyen a su propia gestión, otros a la inacción de la política provincial.

La vacante de Croceri en Empresas Públicas no tiene aún designación confirmada. Sólo hay una convicción: asumirá otro hombre de estrecha confianza de Saiz, lo cual desestima la promoción del segundo de Croceri, Marcial Peralta, cuñad del ex ministro Rodríguez.

Mientras tanto, el análisis del pliego licitatorio en la Legislatura cimienta dos posiciones: el bloque oficialista –tras su inicial evaluación crítica– se aferra ahora al proyecto del Ejecutivo y la oposición plantea varias reformas. Por caso, el bloque justicialista –que preside Ademar Rodríguez– pretende que se exijan sucursales en poblaciones de más 5.000 a 6.000 habitantes, frente al proyecto oficial que lo establece en 10.000 habitantes, y un cajero automático en cada municipio, según adelantó el licenciado Roberto Meschini.

Además, la bancada 17 de Noviembre –que integran Alcides Pinazo y Mario Colonna– propone una integración mayor en la Comisión de Evaluación y «asegure la representación de los partidos de oposición». Pide modificar el monto mínimo del patrimonio neto requerido, pasando de los 600 millones del oficialismo a los 500 millones. También, se entiende que debe «exigir sucursales, por lo menos, en todos los municipios». Igual requerimiento para la red de cajeros.

Asimismo, se alerta que debe existir más «claridad en la exigencia de recaudar» ya que sólo se plantea que tendrá «capacidad de realizar recaudación de impuestos» de Río Negro. Se reclama además respetar la autonomía municipal y dejar a los intendentes la decisión del uso del servicio del agente financiero.


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