Cromañón: la ex encargada de controlar apuntó contra la Policía

La ex subsecretaria de Gestión y Control Comunal del Gobierno porteño, Fabiana Fiszbin, reiteró ayer que no tuvo responsabilidad en la tragedia en República Cromañón, apuntó contra la Policía Federal y pidió ser sometida a un careo con el defensor adjunto del Pueblo, Atilio Alimena. La ex funcionaria cumplía anoche con una maratónica declaración de más de once horas ante el juez de instrucción Julio Lucini, quien la interrogó por el delito de «homicidio culposo», el cual impide que quede detenida. Según los voceros consultados, el interrogatorio se extendió por que el magistrado consultaba minuciosamente a Fiszbin sobre todos los aspectos que volcó en el escrito de 230 carillas que le entregó el lunes.

Sin embargo, la ex funcionaria hizo hincapié especialmente en el rol de la Policía que, según dijo, como auxiliar de la Justicia contravencional porteña, debió haber detectado que en Cromañón ingresó más público que el permitido, que muchos lo hicieron con bengalas y que la salida de emergencia estaba cerrada con candado. Asistida por los abogados Marcelo Fainberg y Jorge Anzorreguy hijo, Fiszbin hizo una exposición y luego aceptó responder todas las preguntas realizadas por el juez, que giraron especialmente sobre los cambios que hubo en los últimos años en la normativa sobre la habilitación de locales.

Uno de los temas que no estuvo ausente en el interrogatorio fue la acusación de Alimena, quien aseguró que Fiszbin reconoció que ciertos locales bailables permanecían abiertos por «decisión política».

«Eso es mentira», aseguró la ex funcionaria, e inmediatamente solicitó ser careada con el ombusman adjunto, de quien dijo que «no hizo nada pese a que tenía información de los locales con certificado de incendio vencidos».

En el escrito aportado al juez, la ex funcionaria de Aníbal Ibarra había dicho ayer que «las 193 muertes fueron provocadas y causadas por la bengala, el humo y la criminosa clausura de las puertas de evacuación» y que «ninguna medida de prevención fue prevista por los funcionarios policiales y contravencionales a cuyo cargo estaba evitar y prevenir el ingreso de pirotecnia en lugares cerrados. La avidez dineraria de un empresario inescrupuloso que permitió el ingreso de cuatro veces más personas a las permitidas debió haber sido controlado y evitado por los preventores allí presentes. Tamaña distracción solo cabe atribuirla al delito de cohecho que (el juez) se encuentra laboriosamente investigando», destacó. (DyN-Télam)