Cruciani atacó a la AFIP por el escándalo Renault 

Buenos Aires.- El juez Julio Cruciani hizo una denuncia penal contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la que acusa de haber montado una operación de prensa con datos falsos para hacer creer que se le impuso a la empresa Renault una multa por 520 millones de pesos.

«Esto es un «bluf». No existe tal multa y no se puede aplicar ni cobrar sino después de que se emita una sentencia firme», dijo el juez, tras lo cual consideró -y lo confirmó en una denuncia penal- que «es una cortina de humo para cubrir y disimular los últimos grandes ilícitos aduaneros descubiertos por la justicia y la Policía Federal».

La jugada de Cruciani pareció un mensaje solapado para Carlos Silvani, quien continúa al frente de lngresos Públicos desde la era menemista. Por otro lado, esta jugada no deja de ser vista por los operadores políticos de la oposición como una intromisión dentro de la causa Renault/DGI, teniendo en cuenta asimismo que el juez Cruciani fue uno de los primeros en arremeter contra los personajes emblemáticos del menemismo, tal es el caso del ex secretario de Turismo, Omar Fassi Lavalle.

Cruciani acusa a la AFIP de haber dejado trascender la noticia de la multa, pero el caso estalló en la opinión pública el pasado lunes, cuando el presidente de Renault Argentina, Manuel Antelo, envió una nota a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en la que señaló que su empresa afrontaba la posibilidad de que se le aplique ese castigo.

La nota de Renault tomó estado público y tuvo gran repercusión internacional horas antes de la llegada al país del canciller de Francia, Hubert Vedrine, y poco antes de la reunión que se llevó a cabo el pasado miércoles entre el presidente Fernando de la Rúa y el jefe de la casa matriz de Renault, Louis Schwitzel.

En esa comunicación a la Bolsa, Renault sostuvo que fue notificada (no aclara por quién) de que la Aduana (dependiente de la AFIP) abrió sumarios administrativos en su contra para calcular el valor de la multa que se le impondría a la empresa en caso de que se confirmara una sentencia en contra de la automotriz por el delito de contrabando.

«Los importes estimados por la Aduana por dichos conceptos alcanzan en su conjunto la suma de 519.274.400 pesos», añade la información de Renault firmada por Antelo.

Pero el juez Cruciani acusó a la AFIP como responsable de que el caso trascendiera a la prensa y dijo que le llamó la atención que «justo se diera la noticia dos días antes de que llegara el canciller francés».

Precisamente, el ministro de Exteriores galo, Huber Vedrine dijo ayer que el caso judicial Renault «es un tema importante» para su país, pero negó haber venido a «negociar» una solución con el gobierno nacional para la compañía francesa.

«Denuncio a los responsables de la AFIP por el delito de violación de los deberes de funcionario público. No hay en realidad ninguna multa y se empleó para esa gran fábula toda una estructura estatal», señaló el juez, tanto en declaraciones periodísticas como en un escrito dirigido a la Fiscalía.

Según el magistrado esta situación «complica la relación internacional económica entre Francia y Argentina, traslada dudas e inseguridades a los demás inversores extranjeros, cubre y disimula otros ilícitos aduaneros y asegura la inamovilidad» de los funcionarios de la AFIP. (DYN/AR) 

SMATA amenaza con la toma de fábricas

CORDOBA.- El gremio mecánico de Córdoba (SMATA) amenazó con la toma de fábricas si se producen los despidos anunciados en la Renault y otras automotrices radicadas en esta provincia.

La decisión la tomaron ayer dirigentes gremiales al término de una masiva asamblea de delegados.

Durante la asamblea gremial se declaró en estado de alerta y movilización a causa de la grave situación que atraviesan los trabajadores de las automotrices y autopartistas y ante la amenaza de despidos.

José Campellone, titular del SMATA cordobés, al confirmar ayer la dura actitud del gremio y la advertencia de «no admitir más despidos», se quejó porque «los empresarios, cuando deben enfrentar situaciones de crisis a lo único que saben recurrir es a los trabajadores, como si la eliminación de éstos, que no ganan más de 700 pesos, vaya a solucionarles el problema de fondo».

El dirigente sindical manifestó que la decisión de esta «alerta» del gremio responde al conocimiento de que en esta ciudad, por la crisis del sector automotriz, se producirían en los próximos meses la pérdida de unos 1.500 puestos de trabajo.

Campellone indicó que la asamblea de delegados de SMATA también dispuso elevar sendos pedidos de audiencia con carácter de «urgencia», al gobernador cordobés José Manuel De la Sota y al presidente Fernando De la Rúa.

(DyN)