Cruzan culpas por los residuos



La presidenta Cristina Fernández aseguró ayer que no se van a depositar más residuos en Campo de Mayo y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, acusó a la Casa Rosada por el conflicto con la Ceamse, que provocó la acumulación de residuos durante seis días en la Capital Federal. En la polémica entre los dos gobiernos por la acumulación de residuos intervino también el ministro de Planificación De Vido, quien advirtió a intendentes que Macri busca “tapar de basura” los distritos bonaerenses. A raíz de la controversia por la disposición final de los residuos del área metropolitana el gobierno bonaerense decidió ayer crear un nuevo ente que reúna al Organismo para el Desarrollo Sustentable (OPDS) y al segmento provincial de la Ceamse, para que se ocupe de esta problemática que afecta a unas 13 millones de personas. (DyN)

El juez estadounidense, Thomas Griesa, exhortó a Argentina a cumplir con un reciente fallo que le ordena resarcir a los tenedores de bonos que no participaron en dos reestructuraciones de deuda del país. Por el caso, deberá decidir antes del 2 de diciembre cómo se efectuará el pago a los fondos especulativos. Ese día, Argentina debe hacer el primero de tres pagos de deuda en Nueva York pautados para diciembre por más de 3.000 millones. Hasta el momento, el gobierno viene sosteniendo que “no negociara con los fondos buitres” Una corte de apelaciones ratificó en octubre que el país no puede negarse a cumplir con deudas por haber salido del default. Griesa advirtió que “si, y lo enfatizo, hay algún pensamiento de parte de la república de desafiar y evadir el actual fallo, entonces ese pensamiento debe ser seriamente reconsiderado y dejado de lado”. Estos comentarios fueron realizados en respuesta a declaraciones de la presidente, Cristina de Kirchner. Luego del fallo de la cámara de apelaciones, la mandataria había adelantado que su Gobierno no pagará ni un dólar a los fondos buitre. Los tenedores de deuda no reestructurada incluyen a Elliott Management Corp, una afiliada a NML Capital Ltd, y a Aurelius Capital Management, que son dueños de deuda impaga por u$s 1.400 millones. El juez Griesa convocó a una audiencia hoy en los Tribunales de Nueva York, donde representantes del 93% de los acreedores que sí ingresaron al canje de bonos también asistieron, según informó Télam. Los tenedores le habían requerido al Poder Judicial su presencia ya que se encuentran “preocupados” porque del resultado de la audiencia podría peligrar el cobro de sus acreencias. El magistrado debe definir los pasos a seguir luego del fallo tomado por una Corte de Apelaciones del segundo circuito, emitido el paso 26 de octubre. Dicho fallo, por un lado reconoció una falta de la Argentina en “el tratamiento igualitario” a los acreedores que litigan respecto a los que ingresaron al canje de la deuda en el 2005 y 2010. Por otro, determinó que sea Griesa quien determine el modo de pago que deberá implementar el pago con los grupos de inversión que se negaron a una reestructuración y exigen el pago del 100% de los intereses de los bonos que poseen. Deberá decidir, también, cómo se aplicará a terceros involucrados. Técnicamente deberá definir cómo sería el prorrateo del pago a los fondos buitre y, adicionalmente, si el fallo tiene alcance a los intermediarios, los agentes de pago como el Bank of New York. Para Argentina, el fallo de Griesa tiene imposibilidad práctica, debido a que afecta al 93% de los inversores que sí ingresaron al canje del 2005 y 2010, que la Corte de Estados Unidos alentó, como una solución entre el deuda y acreedor, durante estos años. Hace tres días, Elliott, que tiene entre sus fondos a NML, uno de los buitre de la Argentina, pidió acelerar los plazos de definición, a raíz de declaraciones recientes oficiales sobre la negativa del gobierno a abonar a los fondos buitre. El grupo es dueño el magnate Paul Singer. El fallo que dio lugar a esta nueva audiencia fue emitido por corte de Apelaciones el pasado 26 de octubre. A través del secretario de Finanzas de la Nación, Adrián Cosentino, el Gobierno le había restado importancia a la decisión del Poder Judicial, debido a la imposibilidad práctica. “La sentencia se encuentra suspendida desde el momento mismo en que fue dictada (marzo de 2012) y hoy sigue suspendida, por lo que no altera para nada el ‘status quo’ actual”, aseguró en su momento el funcionario, luego que se conociera el fallo de segunda instancia. Cosentino remarcó en su momento que la sentencia “no da en absoluto por finalizado el litigio sobre el ‘pari passu’ (tratamiento igualitario), el que requerirá de procedimientos adicionales tanto en primera como en segunda instancia, y por supuesto ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”.


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