¿Cuál es el precio justo?
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arnaldo paganetti arnaldopaganetti@rionegro.com.ar
El trato manifiestamente hostil entre las autoridades de la Argentina y España, arroja un manto de incertidumbre sobre la cifra con la el gobierno de Cristina Fernández debería compensar a Repsol, si como todo parece indicar el Congreso declarará de utilidad pública a la petrolera YPF y y dispondrá la expropiación del 51% de las acciones de la firma de la nación europea. Sin embargo, y a pesar del hermetismo existente en el oficialismo, “Río Negro” pudo averiguar que Cristina estaría dispuesta a sentarse a discutir con el propósito de buscar consenso y “pagar el precio real” recién después que ambas Cámaras declaren de utilidad pública a YPF y resuelva la expropiación de Repsol. Las versiones indicaban también que el pleito podría extenderse hasta el 2018, pero una fuente gubernamental aseguró a esta agencia que una solución satisfactoria debería encontrarse entre 6 meses y un año. La postura de máxima fue expuesta por el CEO de Repsol, Antonio Brufau, reclamando 8.000 millones de euros, equivalentes a 10.000 millones y medio de dólares. El rechazo tajante fue expuesto por Axel Kicillof, uno de los interventores y estrella en ascenso de La Cámpora, quien en su exposición en el parlamento se preguntó “¿de dónde sacaron eso? No vamos a pagar lo que ellos dicen”. Remitió a imprecisas deudas de la compañía hispana por 9 mil millones de dólares y a daños ambientales no cuantificados, lo que hizo desvariar a algunas mentes afiebradas K con una suma cercana a cero, lo que tonificaría la ofensiva internacional de la administración de Mariano Rajoy contra el país por “incumplimiento de contrato”. Como hoy el diálogo está roto, todo lo que pueda decirse sobre un número reparador se mueve en el terreno de las especulaciones. Ni los kirchneristas más duros se niegan a reconocer una indemnización intermedia, a la que pretenden atar al valor de las acciones, que vienen en caída libre desde hace unos meses. Ayer, el ex secretario de Energía radical, Jorge Lapeña, reveló que algunos funcionarios habían deslizado la intención de quedarse con Repsol “gratis” y otros proponían tratar de calmarla con 2.000 millones de dólares. “Sería confiscatorio”, vaticinó.
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