¿Cuánto cuesta atender un paciente con covid-19? Subas sin freno para un sistema de salud en crisis
Un informe oficial muestra aumentos superiores al 600% en el precio de los insumos.
Elementos de protección personal, uno de los insumos principales en las instituciones de salud.
El impacto de la inflación y del precio del dólar es indudable en la Argentina. Las reglas de oferta y demanda también son conocidas. Pero el aumento del costo de los insumos médicos necesarios para atender a un enfermo de covid-19 asombra a propios y extraños en el sistema de salud.
Un reciente informe de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) revela que la variación interanual de ese ítem fue del 89,1% al mes de septiembre, representando el principal incremento dentro de los costos de las instituciones sanitarias privadas del país.
El documento destaca que el gasto en “insumos covid” trepó al mes de agosto un 2.776%, empujado por dos factores centrales: un 303% más de consumo y un 615% de suba en los precios de las unidades, principalmente de los elementos de protección personal.
Dentro de ese escenario, los medicamentos tuvieron un aumento promedio del 273%, con un extremo del 728,7% para el caso del Midazolam.
Los datos que toma la Superintendencia surgen de un relevamiento entre los asociados de Adecra/Cedim y detalla que en el caso de los elementos de protección personal la suba se dio fundamentalmente en marzo y abril, para mantenerse luego en un alto nivel.
“En el caso de los medicamentos para la terapia intensiva, los aumentos de precios se dieron con mayor intensidad en los meses de julio y agosto que es cuando se produjo la mayor ocupación de camas críticas por covid-19”, agrega el informe oficial, elaborado por la Subgerencia de Evaluación de Costos, dependiente de la Gerencia de Gestión Estratégica de la SSS.
El organismo estatal resalta que, en el caso de los medicamentos, a los aumentos de precios hay que sumarles la escasez que se produjo en el mercado, “no por la complejidad del medicamento –que son de uso frecuente–, sino porque aumentó la cantidad consumida por paciente crítico debido a que el paciente covid-19 permanece más tiempo promedio en recuperación en terapia intensiva que un paciente no covid-19”.
“Resumiendo, entre el extraordinario aumento de las cantidades consumidas y de los precios de los insumos covid-19, el aumento del gasto en insumos covid-19 ascendió al 2.776%. Se estima que dentro de los costos de las clínicas y sanatorios estos insumos normalmente representan el 1,16% del costo total, por lo que el impacto de este aumento de gasto en insumos covid-19 fue del 32% del gasto médico”, concluye el documento.
La incidencia del sector
El informe de la SSS pone la mirada sobre el impacto del covid-19 en los costos de clínicas y sanatorios porque el 63% de la población argentina está cubierta por la Seguridad Social –entendida como la suma de las obras sociales nacionales, obras sociales provinciales, Inssjp, monotributistas, servicio doméstico y otros programas, y prepagas por derivación de aportes–, que en su mayoría contratan los servicios del sector privado.
En ese sentido, se advierte que las prestaciones médicas tienen una inflación de costos que es siempre superior a la inflación general. Esto porque los costos se conforman fundamentalmente de recursos humanos (que son de calificación alta y media), insumos médicos (que tienen un alto componente importado) e inversiones (que tienen un alto costo financiero).
El escenario se completa con el impacto de la cuarentena dictada por el Gobierno Nacional y las medidas extremas de restricción a la circulación. Para el organismo, la pandemia generó “la paradoja de que uno de los sectores más afectados económicamente fue el sector de la salud privada”, porque la población no está tratándose de sus enfermedades no covid por el temor al contagio del covid.
Y a partir de esos datos, el informe anticipa un escenario de “gran presión para las finanzas del sistema”, porque cuando baje la cantidad de casos de covid-19, “las entidades sufrirán la demanda aumentada de enfermedades no atendidas y casos con complicaciones producto de ese atraso, y tendrán que hacer frente a la inevitable expectativa de recomposición de los cuadros profesionales, dentro y fuera de convenio”.
“También las entidades deberán atender la demanda de sus proveedores, que han quedado sujetos a la renegociación de plazos y a las rebajas en el precio de sus servicios, lo que seguramente generará reclamos de compensación”, agrega el escrito.
Finalmente, la Superintendencia reconoce que el aumento de costos para el sector privado de la salud está técnicamente demostrado, pero insta a tomar medidas “con extrema prudencia”, para evitar un impacto desfavorable en la población que depende de esas instituciones.
En ese sentido, el organismo no pierde de vista que más allá de los mayores costos del sector y la valiosa y necesaria inversión que ha debido realizar para atender la pandemia, “seguramente se hayan visto parcialmente compensados por la reducción de las tasas de uso de otras prestaciones habituales y/o de rutina no vinculadas con el covid-19 y postergadas en función de la priorización sanitaria de esta enfermedad”.
El informe de la Superintendencia de Seguros de Salud presenta la evolución del precio de los medicamentos en el mercado argentino y compara esos datos con los costos que tuvieron que afrontar en ese mismo rubro las instituciones de salud. La conclusión es que el precio de venta al público promedio de la canasta total de medicamentos acumula una suba del 18,3% entre febrero y octubre, mientras que los precios de compra institucional promedio crecieron 209,5% en el mismo período.
Para la canasta de medicamentos se analiza la evolución del índice de genéricos con cobertura del 70% para patologías crónicas más frecuentes de acuerdo con resoluciones del Ministerio de Salud.
El precio de referencia es el promedio de todos los precios de venta al público de los productos autorizados por Anmat, que se comercializan en el mercado farmacéutico nacional, con el mismo principio activo, forma farmacéutica, concentración y cantidad de unidades.
Recursos humanos
Por otra parte, el documento tiene un apartado sobre la gestión de los recursos humanos, donde se afirma que “tampoco estuvo exenta de complicaciones”.
La descripción recuerda que al comenzar la cuarentena hubo que excluir de los puestos de trabajo esenciales a la población de riesgo, y que en los meses de abril, mayo y junio, cuando los pisos de internación y cuidados críticos estaban todavía semivacíos, se produjeron contagios entre los trabajadores de la salud.
“Estos contagios no fueron consecuencia de contactos entre pacientes y trabajadores de la salud sino de los propios trabajadores que todavía tenían que cambiar conductas de camaradería para prevenir los contactos físicos. En particular, los contagios se producían en los comedores y en los lugares de descanso cuando se compartían el mate y el café. A esto se sumó la gente que, presentando síntomas, debían ser enviados a sus domicilios preventivamente hasta tanto se descarte la positividad”, detalla el informe.
En suma, se estima que alrededor de un 20% del personal de las instituciones del sector privado tuvo que ser licenciado por estos tres motivos.
“Esto trajo aparejados costos económicos por la mayor contratación de suplencias, y por el hecho de que los trabajadores de riesgo siguieron cobrando la totalidad de su salario”, consigna la Superintendencia de Servicios de Salud.
No obstante, se resalta que fundamentalmente hubo “costos de contratiempos y sobreesfuerzo de las áreas de personal para no perder la organización de los equipos de salud ante bajas intempestivas de personal, aun cuando las áreas trabajaban por debajo de su capacidad”.
Los principales prestadores sanatoriales del interior del país –entre ellos varios de Río Negro y Neuquén– conformaron recientemente una asociación denominada “Salud Federal”.
Según explicaron en un comunicado, el objetivo es “defender nuestra subsistencia y hacer oír nuestra voz urgentemente, junto a las organizaciones y cámaras gremiales empresarias existentes que nos apoyan”.
El documento emitido valora la ayuda estatal que permitió pagar parte de los salarios de los trabajadores del sector, pero asegura también que “la mayoría de los financiadores de la salud –PAMI, obras sociales provinciales, nacionales, sindicales y empresas de medicina prepaga (en especial estas últimas)– no han actuado con la solidaridad que el momento requería, ni han ajustado aranceles como habían prometido, lo que nos hubiera permitido seguir cumpliendo nuestro rol esencial en plena pandemia”.
“La que está en riesgo en este momento crítico es la salud del 70% de la población del país”, puntualizaron.
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