Cuestionan a Icare el exceso de contratados

Encuentro y Mara promovieron la intervención del Tribunal de Cuentas.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La gestión de Alberto Icare cayó bajo la lupa de los concejales de la oposición que cuestionaron los excesos en la contratación de personal y la violación de las limitaciones impuestas por el Presupuesto y Cálculo de Recursos 2004.

Diego Breide (Encuentro) y Sandra Guerrero (Mara) promovieron la intervención del Tribunal de Cuentas mediante un pedido de informes en el que, incluso, sugieren la «nulidad de los actos administrativos» de contrataciones realizados por el Ejecutivo.

El apoyo incondicional que recibió el mandatario durante su primera gestión para sortear la severa crisis heredada de sus antecesores se quebró en este segundo mandato.

Y es que la oposición no está dispuesta a convalidar cualquier acto de gobierno en nombre de una «emergencia» que ya no es tal.

El Ejecutivo superó los topes máximos impuestos por la ordenanza 1387-CM-04 (Presupuesto 2004) para la contratación de personal. El artículo 3º establece que un límite de 286 cargos y el municipio lleva contratadas más de 400 personas en lo que va del año.

Los miembros del gabinete defienden lo actuado soste

niendo que no excedieron la partida destinada a tal fin y restan importancia a la eventual violación de la limitación de cargos.

Por tal motivo los ediles solicitaron al Tribunal de Cuentas que determine si «los nombramientos constituyen una trasgresión a la legislación vigente» y si, en consecuencia, «debe inferirse la nulidad de los actos administrativos que dieron lugar a esos nombramientos».

También le piden que especifique cuál sería el «alcance de la falta y su encuadramiento legal» y le piden que observe si existe algún «daño patrimonial al Fisco».

La Ordenanza 1387-CM-04 es la primera norma que convalida un presupuesto es

tableciendo limites de personal, contratos y subsidios en su articulado, especificando las partidas asignadas a cada rubro, luego de largas discusiones en comisión.

Los ediles fundamentaron su inquietud en los topes establecidos por en la ordenanza de aprobación del presupuesto vigente y el Reglamento de Contabilidad del municipio, que en su artículo 3º establece que «los créditos presupuestarios señalarán el concepto y límite de las autorizaciones para gastar».

Además recordaron que la ordenanza de Emergencia prorrogada para el presente ejercicio determinó el congelamiento de vacantes para el ingreso de personal, con muy pocas y estrictas excepciones.

Centro de este marco, cualquier incorporación debe ser autorizada por el intendente «previo dictamen de la comisión de Seguimiento y Control de Gestión» y deberán estar fundadas en «acciones de gobierno que puedan reputarse de necesidad y urgencia pública».

En su escrito Breide y Guerrero afirmaron que el Ejecutivo nombró personal contratado «excediendo el tope establecido por la Ordenanza de Presupuesto (toda vez que no se encuentra autorizado para compensar cargos)».

Y destacaron que «tampoco se han seguido los pasos establecido por la Ordenanza de Emergencia, pues no ha tenido la previa intervención de la Comisión de Seguimiento».


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