Cuestionan desprotección a víctimas

El abogado que representa a las tres menores denunció la demora en una pericia clave y la falta de asistencia de la Defensoría del Niño.

ZAPALA (AZ).- Familiares, referentes de organizaciones sociales y abogados que representan a las tres menores de edad presuntamente abusadas por un mismo hombre en Zapala denunciaron “inacción” de la justicia. El abogado querellante de la causa penal, Pablo Tomasini, cuestionó en duros términos el accionar de la Defensoría de los Derechos del Niño al asegurar que “no se interesó en el tema a pesar de la extrema gravedad”. El profesional también reclamó “más celeridad” al juzgado de instrucción en la realización de una pericia que permitiría confirmar científicamente la existencia de los abusos. “La situación es realmente preocupante porque observamos que todos los instrumentos judiciales están desprotegiendo y revictimizando a estas nenas que vivieron una experiencia traumática”, sostuvo Tomasini en diálogo con “Río Negro”. El caso salió a la luz a principios de este año cuando las menores de edad, de 11, 12 y 16 años, denunciaron ante la Comisaría del Menor y la Mujer haber sufrido abusos sexuales por parte de un hombre de 40 años que frecuentaba sus hogares. “En ese momento la policía no supo cómo actuar y las tuvieron más de tres horas esperando. Después, ni siquiera les brindaron la contención mínima adecuada para estos casos”, relató el abogado. Según consta en el expediente judicial, la versión que las tres chicas dieron ante la justicia a través de la Cámara Gesell es “creíble” para la psicóloga del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Sin embargo una pericia médica oficial desechó la hipótesis de la violación. “La doctora de la salita que atiende a la menor de 16 años confirmó que había existido penetración y por ello es que solicitamos hace más de un mes al juzgado que autorice una nueva pericia, pero hasta el momento no hemos tenido respuestas”, remarcó. “Lo más grave es que la Defensoría de los Derechos del Niño ni siquiera tomó cartas en el asunto, se desentendió del caso a pesar de que existe una orden precisa del Tribunal Superior de Justicia que obliga a estos organismos a convertirse en querellantes en este tipo de situaciones”, añadió Tomasini. La preocupación de los padres de las víctimas radica en que la persona sindicada como la responsable de los abusos permanece en libertad, lo que, según su criterio, “representa un riesgo” para el resto de la sociedad. “Estamos frente a un caso de desprotección absoluta de parte de la justicia”, concluyó el querellante.