Cuestionan presentación del gobierno por las tomas

NEUQUEN (AN).- «Lejos de hacerse cargo de los Derechos de estos menores y de sus padres, lejos de recordar la Constitución nacional y los pactos internacionales, lo que se hace es utilizar el derecho penal como herramienta de criminalización». Tales son las palabras de Vilma Bisceglia.

La experta en Derecho Penal, criminóloga y profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Vilma Bisceglia, criticó la presentación que el gobierno provincial realizó el lunes pasado, para lograr que un juez declare el estado de «abandono» de los hijos de los ocupantes de la toma Awkamwyza («Gerreros de la Montaña»), frente al barrio Islas Malvinas.

Como contrapartida de esa presentación judicial, el grupo de abogados vinculados con los organismos de los Derechos Humanos, que encabeza Mariano Mansilla, está asesorando legalmente a los tomadores en los caminos judiciales que deban seguir.

El objetivo es lograr que en lugar de la presentación de medidas de esta índole, «el estado aplique la constitución nacional y los pactos internacionales» para ofrecerle una alternativa, en este caso, a la «falta de viviendas de la que dan constancia estas familias», aseguró Mansilla.

Al grupo de abogados se sumó Bisceglia, que ya cuenta con participación en conflictos desencadenados por usurpaciones de tierras fiscales en la provincia de Buenos Aires.

La experta en Derecho Penal dijo que la forma en que se quiere tipificar esta toma de tierras «habla de un desconocimiento de parte del estado del rol que debe cumplir para garantizar los derechos de estas familias»

Sostuvo que lo que se está buscando es la «condena» de los ocupantes cuando en realidad «son víctimas de la ausencia de políticas para solucionar sus problemas».

Una medida necesaria:

salir del Derecho Penal

Así es que, «como primera medida, debería plantearse salir del derecho penal» y a la vez «ofrecer alternativas» para que estas familias «puedan cambiar sus carencias por garantías». Pero es evidente, dice la abogada, que «el ámbito donde debe dirimirse la situación es por fuera del derecho penal», enfatizó. En casos como este «no le da soluciones a nadie y por el contrario sólo facilita las herramientas para hacer posible una represión más efectiva».

La abogada destacó que no se puede juzgar de este modo a quienes son fruto de una «deuda social». Y afirmó que «lejos de hacerse cargo de los derechos de estos menores y de sus padres, lejos de recordar la Constitución y los pactos internacionales, lo que se va a hacer es utilizar el de

recho penal como herramienta de criminalización».

Con la medida del lunes pasado, el gobierno trató de conseguir que la justicia declare el abandono de los niños en tres oportunidades.

La semana pasada realizó dos pedidos ante la Defensoría del Menor, pero Mónica Amicone, la titular adjunta de ese organismo, no radicó el pedido ante la justicia porque constató que los niños estaban «en perfectas condiciones».

Para la catedrática, las salidas pasan por otro lugar: «El gobierno tendría que dialogar con las familias, y con las organizaciones sociales para encontrar salidas alternativas» en el plano del acuerdo y no de la «represión».

Por último, señaló que este tipo de «salidas» son las que un «Estado utiliza cuando no piensa destinar los recursos a los que se encuentra obligado; es una salida rápida, violenta y ejemplificante, pero que de ningún modo puede tolerar un estado de derecho».