Cufré y Villanova leerán antes de ser indagados

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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Cámara Segunda del Crimen hizo lugar a la apelación presentada por el abogado Mario Altuna en la causa que investiga la muerte de los jóvenes Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas, donde se encuentran imputados el secretario de Seguridad, Víctor Cufré, el jefe de Policía, Jorge Villanova, y otros jefes policiales. Ahora el letrado podrá acceder al expediente, previo a la recepción de declaración indagatoria de sus asistidos. El juez Martín Lozada, a cargo de la instrucción de la causa, rechazó la pretensión del abogado de conocer el contenido del expediente, alegando que durante la indagatoria sería impuesto de los hechos delictivos que les atribuyen a los imputados, y en qué prueba se sustentan las imputaciones En el fallo suscripto por los jueces César Lanfranchi y Héctor Leguizamón Pondal, los magistrados resuelven que la decisión de Lozada debe ser revocada, porque atenta contra el principio de defensa efectiva que garantiza la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa norma, aclaran, “establece la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa”, y señalan que debe “garantizarse el principio de igualdad de las partes en el proceso”. El fiscal de Cámara, Enrique Sánchez Gavier, no tuvo reparo en la solicitud de Altuna, y dictaminó que “el recurso debe prosperar”, y el letrado que representa los intereses de los querellantes, Rubén Marigo, entendió que el pedido de la defensa era legítimo. Los funcionarios sospechados se presentaron el 9 y 10 de febrero a solicitud del juez Lozada, y en esas ocasiones no se negaron o abstuvieron a declarar, porque tampoco llegaron a enterarse cuáles son los cargos que les imputan. La diligencia fue aplazada en ambas oportunidades, porque el abogado que los defiende apeló la decisión del juez Lozada de no permitirle analizar el expediente. En la causa en cuestión Lozada persigue el objetivo de determinar quiénes fueron los autores materiales de ambas muertes, y de reconstruir la cadena de mando que vincule al autor material con órdenes impartidas o con la ausencia de ellas, y su relación con el resultado fatal. Para ello, se presume que parte de la base de que el autor o los autores de los homicidios fueron empleados policiales, aunque todavía no están identificados ni imputados. El magistrado recibió abundantes declaraciones testimoniales y se dedicó a revisar minuciosamente los partes diarios de las unidades policiales de las jornadas que rodearon los acontecimientos, así como los sumarios administrativos que sustanció la Policía.