«Cultura y el FER son fantasmas»

VIEDMA (AV).- La situación de la Agencia Río Negro Cultura y el Fondo Editorial Rionegrino, que incluye vacío de poder, enfrentamientos internos, manejos irregulares de los fondos públicos y una evidente falta de política cultural, se ve agravada por la lentitud de las respuestas por parte del poder político.

En virtud de que en los últimos tiempos se hicieron públicas denuncias sobre cobros irregulares en el mencionado Fondo Editorial, y ante una manifestación de más de veinte escritores rionegrinos, dos actores de la cultura regional decidieron dar su punto de vista.

Raúl Artola escritor, periodista y director de la revista-libro «El Camarote», y Mónica Larrañaga, profesora de Letras y directora del proyecto Biblioteca Patagonia, han formado parte del resucitamiento del FER, cuando en 2004 integraron la Comisión Redactora de la ley 3884 y de su reglamentación, junto al escritor Claudio García y dos integrantes de la Agencia Cultura.

Artola es categórico al afirmar que «el único proyecto cultural que tuvo Río Negro fue el impulsado por Alvarez Guerrero en 1983 y ejecutado por Norman Tornini desde la Subsecretaría de Cultura. Luego se naufragó con erráticas propuestas, bajos presupuestos y, sobre todo, por la escasa o nula idoneidad de los funcionarios, con excepciones notables como la de Ramón Minieri».

«En el 2003, la idea de darle carácter y funcionalidad de Agencia a Cultura pareció una salida a la estrechez de recursos y absurda dependencia de otros estamentos del Poder Ejecutivo. Pero la voluntad política era contraria a ese propósito, pues jamás se reglamentó la norma de creación de esta llamada Agencia, por lo que es una entelequia, es un dibujo, un raviol del organigrama sin ningún contenido, fundamento ni sustento», afirma el escritor, y completa con que «la Agencia, en este sentido, está igual que el Fondo Editorial, cuya ley de creación no ha sido reglamentada y por lo tanto no tiene vigencia real. Son fantasmas, como los miembros amputados: duelen pero no existen».

Como extraña contraparte, Artola expone que «sin embargo, no puede decirse que el actual gobierno carezca de una política cultural, ya que apoya a las actividades culturales a través del Ministerio de Gobierno, con subsidios, pasajes y alojamiento a artistas e instituciones, y también con publicidad de la Subsecretaría de Medios a emprendi

mientos editoriales valiosos».

Y agrega que» para confirmar esto, acaba de reglamentarse la Ley de Mecenazgo, que puede ser una herramienta poderosa para que las empresas patrocinen proyectos culturales. Por todo esto resulta más misterioso todavía que, habiendo vocación de apoyar las expresiones culturales, el área específica del gobierno esté sumida en un caos político, institucional y administrativo que parece no tener fin».

Asimismo, expone que «el FER está muerto antes de resucitar pues los fondos son intangibles y una parte ya ha tenido destinos espurios, y con la Ley de Mecenazgo tendrán que hacer gambetas legales para que los proyectos presentados no lleguen a manos de los cuestionados funcionarios de Cultura, que es lo que la norma establece».

Piden sumarios por fondos y normas

«El Fondo Editorial Rionegrino, concebido como empresa productora de bienes culturales, debe contar con autonomía administrativa y contable, y por ello debería ser un organismo desconcentrado», opinan Mónica Larrañaga y Raúl Artola, co-redactores del proyecto de decreto reglamentario de la ley 3884, extraviado desde hace trece meses en la Agencia Río Negro Cultura.

Ante este hecho decidieron poner a disposición de Río Negro el texto que elaboraron en la comisión designada por la ex-subsecretaria Irma Andronowicz, de la que también participaron el periodista y escritor Claudio García, la contadora Norma Bedis y la antropóloga Myriam Hall.

Artola relata que «el trabajo fue aprobado por Andronowicz, se convirtió en expediente y fue entregado al asesor legal de la Agencia, Armando Salazar, ignorándose su destino posterior. Dentro del organismo, hay quienes aseguran que el expediente fue enviado a la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, mientras otros creen que Salazar lo cajoneó».

El escritor viedmense pide que «se sustancie el sumario administrativo pertinente para aclarar la cuestión, de la misma manera que debería haberse hecho ya por los pagos indebidos que promoviera el ex encargado del FER, Roberto Moscoloni, a nombre de su esposa y por trabajos no realizados».

Un director por concurso

Mónica Larrañaga argumenta que «mucho se habla sobre el FER, pero se conoce muy poco sobre su historia. Son públicos los hechos cuestionables sobre la forma y los fines con que se utilizaron ahora los fondos del FER, pero todo arranca con el decreto 531 en abril de 1990 por el cual el FER fue afectado al servicio de la emergencia económico-financiera en el área de Educación para producir las publicaciones que ella demandara».

«El mismo decreto indicaba que Educación debía reasignar al FER los recursos establecidos por ley para el cumplimiento de los fines previstos para solventar sus gastos de funcionamiento y para la prosecución de su actividad editorial, limitada a las obras seleccionadas hasta la fecha que se consideren prioritarias por su adecuación a los planes y programas de enseñanza en los distintos niveles».

«Como se sabe, los autores que tenían pendientes contratos con el FER están aún esperando ¿Qué ocurrió entonces con los dineros, con los bienes y los libros del FER desde el '90 hasta la fecha? ¿Qué instrumento permitió eliminarlo virtualmente? ¿Quiénes y a partir de qué instrumentos legales resolvieron sobre estos asuntos?», cuestiona Larrañaga. Estas y otras preguntas permanecen sin respuesta, oscurecidas frente al colorido de las disputas internas.

El proyecto de reglamentación de la Ley 3884, en el artículo 5 define que el FER debe cumplir una serie de funciones, entre las que se cuentan disponer por sí de los fondos, realizar convocatorias, designar una comisión seleccionadora, disponer la impresión y/o producción de las obras seleccionadas, fijar los precios de venta de las obras y distribuirlas, además de efectuar rendiciones de cuenta, contratos, etc.

La profesora Larrañaga expone que «dada la complejidad de estas tareas, quien dirija el organismo debe integrar en su formación conocimientos, habilidades y experiencias variadas, ya que ni el mejor administrador, ni el más reconocido escritor, ni el más sagaz crítico podrían desempeñar con idoneidad este cargo con sólo esos atributos».

«Como quedó reflejado en la reglamentación, pensamos que el llamado a concurso de antecedentes y oposición es la herramienta que puede dar considerables garantías sobre esa designación. El año pasado, algunos creímos ver una salida al estancamiento y la arbitrariedad de la que había sido objeto el FER cuando se postuló de manera casi oficial a Juan Raúl Rithner. A pesar del convencimiento de que ese cargo debe ser cubierto por concurso, veíamos en sus atributos personales y profesionales una alternativa viable. Lamentablemente, esta cuasi designación frustrada ocluyó temporalmente los reclamos y postergó una vez más la resolución de la cuestión del FER», concluyó la catedrática.