Curiosidades criminológicas

El desarrollo de los juicios de lesa humanidad en la Argentina trae consigo una pluralidad de curiosidades criminológicas. Una de ellas resulta la reciente condena, primera en su género, dictada respecto de un empresario por el Tribunal Oral Federal de Salta.

Se trata de Marcos Levín, a quien le correspondió una sentencia a 12 años de prisión por el secuestro y tormento en 1976 de Víctor Cobos, quien fuera su empleado en la empresa de transporte La Veloz del Norte. La sentencia incluyó también penas de cárcel para tres expolicías.

Cobos era delegado sindical de la empresa de Levín cuando fue secuestrado en diciembre de 1976, nueve meses después del golpe de Estado. Estuvo retenido hasta enero de 1977 junto a otra docena trabajadores. Todos sufrieron torturas.

Con anterioridad, en el 2012, habían sido condenados los empresarios Emilio y Julio Méndez. Su caso fue diferente en tanto se los condenó por haber cedido una chacra como lugar de detención ilegal en la ciudad de Tandil.

A Levín, en cambio, se lo consideró corresponsable del aparato represivo estatal, en tanto partícipe de las maniobras tendientes a deshacerse de los delegados gremiales y generar el disciplinamiento de los trabajadores.

Tanto es así que la sentencia consideró probada la entrega de datos personales y laborales de empleados que podrían ser objeto de detención por parte de las autoridades militares.

La persecución de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país presenta en estos días otra curiosidad. Sobre todo en lo que respecta a la responsabilidad penal de funcionarios judiciales.

Prueba de ello resulta el reciente alegato del fiscal general Martín Suárez Faisal, quien solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe que condene al ex juez de Menores Luis María Vera Candioti a 15 años de prisión. Así sucedió en el marco del primer juicio llevado a cabo en esa provincia, en un caso de apropiación de una hija de víctimas del terrorismo de Estado.

Vera Candioti fue acusado por la fiscalía de haber participado en la retención y ocultamiento, así como en la alteración y supresión de estado civil, de Paula Cortassa, hija de Blanca Zapata –asesinada– y de Enrique Cortassa –desaparecido–, sustraída durante el ataque del ejército y la policía a su casa en febrero de 1977.

Como antecedente de esa persecución penal sobre un miembro de los poderes judiciales cuenta la condena impuesta en el 2009 al exjuez Víctor Hermes Brusa a 21 años de prisión.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, quien lo encontró culpable de apremios ilegales en ocho hechos durante su actuación como secretario del Juzgado Federal 1 de esa ciudad. Sentencia que al día de la fecha se encuentra firme.

Cabe destacar que hasta diciembre del 2014 en materia de lesa humanidad se dictaron 134 sentencias, en las que se juzgaron a 746 imputados, de los cuales 671 fueron encontrados culpables por los delitos cometidos en 3.781 casos. En dichos procesos participaron 359 querellas y la media de la pena fue de 30 años y 4 meses. De esas 134 sentencias dictadas, 102 calificaron los hechos como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, mientras que 32 lo hicieron mediante la fórmula de genocidio.

Cuando del campo criminológico se trata, el prestigioso filósofo y jurista Luigi Ferrajoli se ha preguntado qué tiene aquél para decir frente a los innumerables crímenes de lesa humanidad y genocidios perpetrados durante el siglo pasado y el presente. Interrogante nada menor si se tiene en cuenta que los daños producidos por esas modalidades criminales han resultado incomparablemente más graves que el de todos los delitos castigados por la justicia penal ordinaria.

Ferrajoli postula una criminología capaz de ser refundada críticamente, con aptitud suficiente para conceptualizar e indagar en tormo a las diversas modalidades criminales cometidas desde estructuras de poder.

Acaso el ejemplo argentino ofrezca una perspectiva en algo promisoria. Sobre todo, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los destinatarios de pena: militares, policías, sacerdotes, políticos, miembros del Poder Judicial y empresarios. Todos ellos protagonistas de variadas formas de criminalidad perpetradas desde la estructura del Estado en el período 1976/1983.

*Profesor en UNRN

Ferrajoli postula una criminología capaz de ser refundada, con aptitud suficiente para e indagar en torno a las diversas modalidades criminales del poder.